"La Oficina Anticorrupción (OA) denunció que las empresas de telecomunicaciones (Telefónica de Argentina entre ellas) y algunos funcionarios de la CNC actuaron en connivencia para estafar reiteradamente a los usuarios". Así comienza el escrito que presentó el diputado socialista Héctor Polino ante la Cámara Baja para que el Poder Ejecutivo diera explicaciones sobre lo denunciado. Por tal motivó, el pasado 30 de agosto, el actual interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Ceferino Namuncurá, se presentó ante la comisión de Comunicación e Informática de Diputados para dar explicaciones. El interventor aceptó lo dicho por la OA pero no expulsó a los funcionarios sino que simplemente los cambió de puesto. ¿Cuál es la trama que hay detrás de estas acciones ilegales?

Los personajes

La Oficina Anticorrupción emitió una resolución el pasado 29 de junio de este año, por la cual acusaba ante la justicia penal a algunos funcionarios de la CNC. Solicitaba el despido o la expulsión de Diego Pioli, coordinador del área del centro de atención al usuario de la CNC. Además, solicitaba la sanción de otros dos empleados, Gabriela Figueroa, jefa del área de reclamos y asistencia al cliente y David Eidelman, gerente de jurídicos y normas regulatorias.

La primera denuncia corrió por cuenta del usuario Jorge Izaguirre, quien arremetió contra la CNC por una deficiente atención ante sus reclamos. Una de sus denuncias era la errónea facturación de llamadas realizadas desde teléfonos fijos a celulares apagados o fuerza del área de cobertura. Según la resolución SC 344/97, "la tasa de tiempo de aire utilizado se efectuará desde que el abonado llamado contesta". Por lo tanto, si el celular estaba apagado, fuera del área de cobertura y no contaba con contestador automático, las llamadas no debían facturarse.

Cuando Izaguirre realiza sus denuncias, Pioli le contesta que se procede a la facturación cuando "no obstante encontrarse el celular apagado, éste da la posibilidad de dejar un mensaje". El funcionario (de carrera) nada dice sobre la no existencia de la casilla de mensajes. Cuando Izaguirre manifiesta esta omisión, Pioli desestima sus comentarios. En ese momento, interviene la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que obtuvo una respuesta de Gabriela Figueroa, jefa del área de reclamos y asistencia al cliente de la CNC. Esta funcionaria de carrera manifiesta: "De las telegestiones realizadas a números celulares pudo verificarse que los mismos, al intento de comunicación habilitan casilla de mensajes, por lo que la tasación es correcta". Ante estos dichos, la OA fue contundente: "Figueroa mintió".

El tercer funcionario de carrera involucrado es David Eidelman, gerente de jurídicos y normas regulatorias, quien indicó que "no obra en el expediente elemento de prueba alguno que permita presumir que las llamadas efectuadas a teléfonos celulares les haya sido tasadas a los reclamantes". Este funcionario ignoró el hecho de que en el mismo expediente (nº 2713/2002) constataba que Telefónica reconocía el cobro de tales llamadas.

La Oficina Anticorrupción constató que la CNC no sancionó a las licenciatarias a pesar de que éstas habían admitido abiertamente que facturaban normalmente tales llamadas. Este reconocimiento no logró despertar la voluntad del órgano de control para cumplir sus funciones. Al no hacerlo, se desprende de esta investigación que Telefónica cobró de manera sistemática e ilegítima llamadas de tono, por valores incalculables. Por lo tanto, para estafar a los usuarios, como afirma el diputado Polino, hubo connivencia entre la CNC y la empresa denunciada.

Esta connivencia también fue la que llevó a las empresas denunciadas realizar cortes arbitrarios del servicio telefónico luego de la interposición de quejas. Es decir, una manera poco decorosa de ejercer presión para detener las denuncias.

:: Personas denunciadas por la CNC ::  Diego Pioli, Coordinador del área del Centro de Atención al Usuario de la CNC.  Gabriela Figueroa, Jefa del Area de reclamos y asistencia al cliente.  David Eidelman, Gerente de Jurídicos y normas regulatorias. :: Acusados de juicio penal ::  Adolfo Italiano, ex Interventor de la CNC.  Henoch Aguiar, ex Secretario de Comunicaciones :: Denuncias contra empresas ::    Telefónica de Argentina  - Indebida facturación de llamadas de teléfonos fijos a celulares apagados.  - Suspender ilegítimamente el servicio a usuarios que habían presentado reclamos ante la CNC.  - Cobrar un abono no solicitado por un usuario (Plan Argentina 10).  - Comprobación de llamadas superpuestas en un mismo horario.    Telecom  - Suspender ilegítimamente el servicio a usuarios que no abonaron la factura en términos debidos, cuando el mismo sí había pagado su factura.    Empresas de telefonía móvil  - Facturar llamadas desde que se aprieta el botón send. :: Dinero que implicó la maniobra ::  Es imposible de calcular debido a los ocho millones de usuarios de telefonía fija y otros tantos de telefonía móvil. Sin embargo se estima que serían millonarias. :: Faltas de la CNC ::  - No sancionar los incumplimientos comprobados.  - Brindar información falsa a la defensoría del Pueblo de Ciudad de Bs. As.  - Falta de resolución de reclamos tras haber pasado dos años de su presentación (cajoneo).  - Disponer el archivo de tramitaciones sin ninguna dirigencia previa.  - Repetir las argumentaciones de las empresas para resolver los reclamos.  - Desatender reclamos de usuarios claramente procedentes.  - Convalidar la suspensión de un servicio dispuesta arbitrariamente por la empresa.  - Incapacidad para acreditar por sí misma la falta de las empresas. :: Faltas de Adolfo Italiano ::  - Mentir y ocultar información ante una autoridad judicial, donde se comprobó que Unifon realiza llamadas desde que se apretaba el botón Send. :: Faltas de Henoch Aguiar ::  - Suspender un proceso de sanciones contra las empresas de telefonía móvil por infracciones comprobadas que había sido iniciado por él mismo.

Los antecedentes

Nada comienza de la noche a la mañana. Para que una empresa pueda cobrar facturas de manera ilegítima, debe generar los mecanismos de permisos para lograr tal situación. Telecom y Telefónica tuvieron bajo sus fauces el monopolio de las telecomunicaciones por diez años, gracias a nuestro geonte ex presidente, Carlos Saúl Menem. Durante el gobierno de Fernando De la Rúa, se procedió a la desregulación del mercado de las telecomunicaciones y a partir de ahí, las empresas monopólicas comenzaron a buscar otros mecanismos para desplazar a las nuevas empresas competidoras. Uno de estos mecanismos puede develarse si se presta atención a la actuación del ex secretario de comunicaciones, Henoch Aguiar, también denunciado por la Oficina Anticorrupción.

El primero de mayo de 2001 comenzó a regir en el país el sistema el que llama paga- CPP- para los teléfonos celulares, modalidad que reemplazaría el sistema MPP- paga el que recibe el llamado. Este sistema comenzó a regir una vez abierto el mercado, cuando ya estaban dentro de éste empresas como Movicom, CTI, Unifón y Personal. Sin embargo, empresas como CTI ya utilizaban la modalidad CPP antes de esta fecha, cobrando sus llamadas sólo 0.14 centavos por minuto. Por tal motivo, la Secretaría de Comunicaciones, a cargo de Aguiar, estableció un valor de referencia de 0.28 centavos por cada llamada que correría para todas la empresas. Ese valor podía trasladarse a los usuarios o no; es decir, que si no era trasladado a los usuarios, las empresas absorberían la diferencia. Pero las grandes telcos pasaron la diferencia a los usuarios como si fuera un aumento inevitable ordenado por el Estado. En una resolución que presentó en su momento Aguiar (resolución SC nº122/01), constaba que las telcos habían comunicado este aumento tarifario como un nuevo impuesto aplicado a las llamadas, o un aumento obligatorio impuesto por el gobierno. Según la resolución firmada por el ex secretario, las telcos habían actuado de manera dolosa, lesiva para más de seis millones de usuarios.

Sin motivo aparente, a pocos meses de esa resolución, Aguiar dictó otra resolución (SC 253/97) en donde se dejaba sin efecto las sanciones a las empresas que habían impuesto un aumento de tarifas. Aguiar no dio ningún motivo para tal arrepentimiento. Esa acción poco clara, fue la que detectó la Oficina Anticorrupción cuando comenzó a investigar las denuncias de Izaguirre.

Las denuncias

El ex secretario benefició indebidamente a las empresas celulares. Para muestra basta un botón; la relación entre Aguiar y las empresas de telecomunicaciones data de mucho tiempo antes. En el año 2000, fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans, cuando el funcionario participó en las jornadas organizadas por la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la OEA el 25 de octubre de 1999, en representación de Movicom. Además de esta denuncia, radicada en el juzgado nº5 de Oyarbide, Monner Sans presentó varios escritos ante la Oficina Anticorrupción. Igualmente, nada impidió que Aguiar fuese Secretario y terminase actuando a favor de las grandes telcos.

A su vez, la denuncia hacia Aguiar está acompañada por otra hacia Adolfo Luis Italiano, ex interventor de la CNC, quien luego de que se denunciara ante la justicia el cobro de llamadas desde la presión del botón send aún cuando no fueran respondidas las llamadas, justificó tales tasaciones diciendo que no existía norma que previera el mecanismo de tasación de llamadas originadas en redes móviles, cuando en realidad sí existía una resolución (SC 344/97), que en su artículo 4 prohíbe cobrar llamadas no realizadas.

Esta historia continua por varios carriles. Por una parte, Pioli, Figueroa y Eidelman siguen trabajando en la Comisión Nacional de Comunicaciones; su interventor, Ceferino Namuncurá, expuso ante diputados que no los echaba porque eran funcionarios de carrera y no tenía potestad sobre ellos. Sin embargo, la OA sí cree que puede expulsar a estos funcionarios. Además, pesa sobre ellos una demanda penal, radicada en el Juzgado Federal nº7, Secretaría 14. El número de la causa es 9806/04 y aparentemente, ya habrían llamado a declaración indagatoria a Piolli. Por otra parte, las causas de Italiano y Aguiar residen en el Juzgado Federal número 10 (causa 9808/04).

Por otro lado, el Poder Ejecutivo deberá continuar con sus explicaciones ya que otro diputado, Dante Elizondo (PJ), presentó un proyecto de resolución para saber por qué Telefónica incorporó un servicio de mantenimiento domiciliario en su factura cuando nadie lo había pedido. Estas denuncias se suman a la responsabilidad innata que le cabe al actual Secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, para tomar cartas en el asunto, si es que tiene la voluntad política para hacerlo.

Conclusión: Piedra libre para todos

En un país como Argentina, las inversiones de las grandes empresas siempre son esperadas con ansiedad, y cuando tardan en llegar, casi siempre son mendigas. Desde que el mercado de las telecomunicaciones fue desrregulado, hubo pujas por las inversiones en el país y por las subas de las tarifas. Cuando éstas no eran concebidas de manera directa, algún funcionario era capaz de hacer un guiño a las prestatarias y el aumento llegaba como por arte de magia. Esta suerte de aumento encubierto es lo que puede leerse en la investigación de la OA. Cesar Alierta, número uno de Telefónica se reunió con Kirchner esta semana, pero no hablaron nada referido a las tarifas. Probablemente, la discusión sobre éstas sea una suerte de cortina para no dejar ver la verdadera discusión. Las grandes telcos no están interesadas en chiquitajes, ya que las tarifas tienden a bajar por la dinámica misma del mercado. Sí buscan controlar la interconexión entre las empresas que pasan por sus redes. Este es el objetivo de las grandes telcos, desplazar de alguna manera a sus competidoras, aunque eso incluya el cobro ilegal de tarifas (encubiertas) y el consecuente perjuicio de los ciudadanos.