La causa AMIA creció a pasos agigantados; 280.000 páginas conforman el expediente central. Después de casi 11 años del atentado y la absolución de todos los imputados por falta de pruebas verídicas, la principal conclusión a la que se llega es la siguiente: nadie investigó de la manera que había que hacerlo. Gabriel Levinas es periodista, fundador y director de la revista El Porteño (1981-1986). Realizó un informe sobre la AMIA en 1995 para el Congreso de los Estados Unidos, publicado por la Biblioteca del Congreso de Washignton, en septiembre de ese año. Es autor del libro La ley bajo los escombros. AMIA, lo que no se hizo. En 1997 fue contratado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para investigar cómo estaban investigando la causa. Para realizar su trabajo, exigió la informatización de los expedientes. En diálogo con Canal AR, Levinas manifestó: "La causa se nos entregó en fotocopias, por lo tanto, tuvimos que escanear fotocopias de otras fotocopias; por su puesto, encontramos muchos errores en los OCR (programa de reconocimiento de caracteres). Entonces, decidimos agregarle a cada documento escaneado una suerte de resumen, con algunos datos como por ejemplo, nombres, direcciones, patentes de autos, números de teléfonos, etc, que servirían para identificar el contenido y facilitar el entrecruzamiento de datos". Así comenzó un proceso de indexación de fojas que hoy sirve de modelo para los abogados que están trabajando con los damnificados de Cromañon.

Levinas comenzó su trabajo con un equipo de investigadores, alrededor de cinco personas que lo fueron acompañando a través de los años. El proceso de informatización es el siguiente: primero se crean los OCR para luego corregirlos, es decir, leer el documento original y compararlo con el escaneado. "Ahora estamos realizando la pasada definitiva a un formato PDF. Cuando este proceso finalice, será la primera vez que habrá casi un 100% de certeza de que todo el contenido sea factible de buscarse y cruzarse con otros datos", explica Levinas.

Toda la información de la causa ya está informatizada; no solamente los cuerpos centrales sino también las derivaciones del caso, como por ejemplo, la causa por el tráfico ilegal de armas a Croacia, el juicio político al juez Galeano y los distintos artículos periodísticos publicados en más de diez años. Además de tener las fojas traducidas en bits, la información puede cruzarse. "El software que utilizamos es el de cualquier documento de texto existente (Word, TXT, HTML); cualquier texto es indexado para realizar búsquedas complejas. Una vez que tenemos el texto, armamos los PDFs que por un lado traen la información que se está buscando y por el otro, presenta los documentos originales. Este es uno de los principales problemas, ya que en los juzgados las computadoras son utilizadas como máquinas de escribir, la información entra en la PC para luego salir en un papel. Lo que se utiliza en los juzgados son papeles y no CDs o archivos digitales", indicó Levinas.

-¿Cuál es el motor de búsqueda que utilizan?-

"Utilizamos el propio sistema de búsqueda que posee el Acrobat, que es el mismo que utiliza el Departamento de Estado de EE.UU. Sin embargo, como siempre se necesitan realizar búsquedas previas, usamos otro software (DT search), que indexa toda la PC para hacer las búsquedas complejas. Antes utilizábamos un Altavista especial, el mismo buscador que se usa para Internet pero nosotros lo utilizábamos para búsquedas internas. Lo abandonamos porque ya no era compatible con el Windows XP".

Obviamente, ya en el siglo XXI, hablar de la digitalización de documentos en papel como una novedad es algo obsoleto, más aun si tenemos en cuenta los avances en la minería de datos. Pero lo que no deja de ser pretérito es el mérito de haber apostado a la modificación del proceso judicial, situación que está muy lejos de alcanzarse, sobre todo por la falta de voluntad política. Lo que está en juego detrás de la informatización de la causa AMIA es la transformación de la Justicia utilizando las nuevas tecnologías de la información.

El Consejo de la Magistratura opina La primera informatización en el Poder Judicial se inició en la década de 1980 en la Cámara Civil, a partir de una reestructuración funcional. Luego existieron algunos planes informáticos pensados a partir de convenios internacionales, cada uno de los cuales reforzó el nivel de informatización disponible. Paralelamente, desde la Corte Suprema se llevo adelante un proceso de actualización tecnológica con equipamiento IBM AS400 centralizado, llegando a ser una de las redes más grandes de América Latina montada sobre ese equipamiento. Canal AR entrevistó a Hernán Elman, director de Centro Digital de Documentación Judicial (CENDDOJ), perteneciente al Consejo de la Magistratura: "Este modelo de informatización subsistió hasta la década de 1990, cuando se iniciaron los estudios para la modernización de los sistemas que se utilizaban por entonces, y que llevaron a la migración hacia una plataforma de cliente servidor, cuyo implementación comenzó en el año 1998", explicó Elman.(ver nota completa)

Un bit no es justicia

¿Habrá servido de algo tener 280.000 páginas digitalizadas? Los jueces que trabajaron en la investigación, sus secretarios, ¿habrán aprovechado esta herramienta? La respuesta es, obviamente, negativa. Primero, por una cuestión política. Para nuestro entrevistado, la causa AMIA nunca fue leída por nadie, no existió la voluntad política de hacerlo. Segundo, porque la justicia, en todos sus niveles, todavía no puede desprenderse del papel, a pesar de que existe un decreto –el 427/98- que exige la despapelización de la Administración Pública Nacional. Pablo Castoldi, director de elDial.com, primer diario jurídico en Internet, analizó –en diálogo con Canal AR- la informatización de la justicia. "Nada se solucionaba con poner una computadora en los juzgados; se necesita una reingeniería de procesos", indicó. (Ver artículo)

Una de las principales trabas para pensar en un concepto de e-justicia es la no determinación para hacerlo. Las causas pueden ser varias, desde la desidia política de algunos justiciables de edad avanzada, como los caracteriza Castoldi, hasta...nos quedamos en la desidia. "Lo más difícil para un abogado es que se siente frente a una computadora para realizar un entrecruzamiento de datos. Humanamente es imposible leerse toda la causa. Nosotros llegamos a descubrir que el abogado de Telleldín y Haddad, dos personas aparentemente inconexas, tenían la misma oficina. Si no fuera porque introdujimos en el buscador la dirección de ambos abogados, nunca nos hubiéramos percatado de la conexión", explicó el fundador del diario El Porteño.

Analicemos la siguiente situación: si los responsables del Poder Judicial hubieran leído la causa en forma inteligente, utilizando los motores de búsqueda proporcionados por la informática, no se les habría escapado el dato de que tres minutos antes de la voladura de la AMIA, un camión de la empresa Santa Rita, propiedad del libanés Nassib Haddad y sus hijos, dejó en la puerta de la mutual un volquete, donde investigadores como Levinas creen que pudieron colocarse los explosivos. No hay que olvidarse que dentro de las 280.000 páginas figura que Hassad tenía en su poder óxido de litio para realizar supuestas detonaciones mineras.

Pensar en la informatización de la causa AMIA es también pensar en mejorar todos los procesos que hacen de la Justicia un sistema justo. Lo dicho sobre la causa AMIA está directamente relacionado con la necesidad del Estado de modificar el funcionamiento de sus instituciones. Obviamente no somos ingenuos, sabemos que un atentado es un acto político, por lo tanto, la definición de este proceso también será política. Hoy ya no tiene importancia si el atentado se cometió con un coche bomba o con un volquete colocado en la puerta de la mutual. La realidad es que en esta causa donde existen tantas mentiras, cualquiera que hable con certeza está mintiendo. De todas maneras, no creemos que con la simple informatización de un expediente un país sea más justo. Hoy existen muchísimas páginas-públicas y privadas- dedicadas a vender servicios a los abogados que incluyen la distribución digital de distintas causas. La no utilización de la información contenida en el trabajo iniciado por Levinas es una prueba más de que este Estado continua en deuda con la sociedad argentina.