¿Qué hará el Gobierno tras la anulación de la Ley Espía?

Por Lucas Morando
El 13 de mayo pasado la justicia finalmente declaró la inconstitucionalidad de la polémica Ley 25.873 y del Decreto Reglamentario Nº 1563/2004 que posibilitaban el registro de datos personales de usuarios habilitando la intromisión del Estado en la esfera privada violando derechos constitucionales. El Gobierno -ahora- está en condiciones de optar por dos caminos: apelar la reciente sentencia judicial e iniciar nuevamente un camino hacia la violación de derechos tutelados en la Constitución Nacional o continuar con su tendencia –y sus declaraciones públicas- y apoyar políticamente el fallo. ¿Qué camino elegirá?

El pasado 13 de mayo la justicia finalmente declaró la inconstitucionalidad de las leyes espías que obligaban a registrar y a almacenar todos los datos de los e-mails enviados y recibidos por los habitantes de la Argentina. Fue tras a una Acción de Amparo presentada por la Cámara que agrupa a los Proveedores de Acceso a Internet (CABASE).

Así lo entendió la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal al considerar que la polémica Ley Nº 25.873 y su Decreto Reglamentario Nº 1563/2004 habilitaban la registración de datos personales lo que implicaba la intromisión pública (del Estado) sobre la esfera de la personalísima intimidad individual. Además, las normas tampoco garantizaban el derecho constitucional a la inviolabilidad de la correspondencia privada.

"No puede habilitarse la intromisión y/o registro de datos privados bajo la argumentación de una prevención o posible investigación posterior" señaló el juez en lo contencioso y administrativo, Guillermo Rossi cuando fundamentaba su resolución a la que Canal AR tuvo acceso. "Esta es una de las situaciones en que no caben las censuras o registros previos tal como se define en el caso de la libertad de prensa", argumentaba.

El próximo paso

Cada vez que la justicia falla en contra del Estado, su abogado "tiene la obligación" de apelar en segunda instancia, siempre y cuando no reciba una orden política de algún funcionario de peso –como Kirchner- que indique lo contrario. Ahora lo que resta es saber cuál será la intención del Gobierno frente al fallo que otorga inconstitucionalidad a la Ley Espía.

Desde CABASE creen que la intención del Ejecutivo será no apelar ya que recientemente suspendieron el decreto que reglamentaba la Ley lo que hablaría de una intención explícita a favor de que la norma no exista más. En el caso de que decidieran continuar intentando que la Ley Espía siga vigente sería un comportamiento contradictorio.

Otro de los escenarios sería que efectivamente el Poder Ejecutivo Nacional(PEN) eleve a segunda instancia la apelación con lo que a la Cámara de Bases de Datos y Software en línea aún le quedaría la posibilidad de recurrir a una tercera instancia, es decir, a la Corte Suprema de Justicia: "Ahora confiamos en que el PEN consienta la sentencia en forma coherente con la suspensión que efectuó del decreto reglamentario y de las declaraciones públicas del Kirchner", dijo Patricio Seoane, Presidente de CABASE.