El reinado de las bases de datos

A partir de 8 de agosto de este año hasta el 31 de enero de 2006, aquellos que manejen bases de datos deberán inscribirse obligatoriamente en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que depende del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación. La Ley de protección de los datos personales (25.326) tiene por objeto la protección integral de los datos individuales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados. Por un lado, existe la necesidad de resguardar la privacidad de las personas y permitirles el acceso a la información que sobre ellas se maneja. Por el otro, existe una necesidad de comenzar a regular un campo que hasta hace poco parecía inmanejable: los millones y millones de datos hoy medidos en terabytes (un billón de bytes) que circulan día a día por Internet y por las distintas organizaciones privadas y públicas.

Canal AR dialogó con el abogado Julio César Ribero, especialista en Derecho a la intimidad, sobre la relación entre la tecnología y la intimidad de las personas. "La intromisión a la intimidad por vía de la tecnología es algo estudiado en el mundo desde hace cuarenta años. Nació con la posibilidad de la captación de la voz a distancia o de la registración de las conversaciones telefónicas; la captación de la imagen, situación que permite espiar a las personas constantemente, entre otras posibilidades. Internet agravó esta situación y la intromisión a la intimidad puede verse desde dos puntos de vista: desde la información que circula de cada uno de nosotros; y segundo, desde la información no deseada que recibimos constantemente (ley que deberá complementarse con otra cuyo objeto sea evitar el Spam)".

Esta normativa, reglamentada por el Decreto 1558/01, regula los archivos, registros, bases o bancos de datos privados destinados a dar informes, aquellos que exceden el uso personal y los que tienen como finalidad la cesión o transferencia de datos personales, independientemente de que la circulación del informe o la información producida sea a título oneroso o gratuito.

La ley y el decreto están vigentes, lo que falta es la inscripción de las bases de datos. A diferencia de ley española, donde se exige la inscripción base por base, en Argentina se realizará solamente una inscripción y se aclarará la existencia de todas las bases en forma textual sin posibilidad de dejar sentada la finalidad de cada base. Los datos que se recolectarán son meramente informativos, es decir, no se registrarán los contenidos de las bases pero sí los campos y el tipo de información que es solicitada.

Para el abogado Daniel Monastersky, está ley es privativa desde el primer momento ya que se prevé que el arancel de inscripción será de 1000 pesos. "Esto ya sería privativo y va en contra del espíritu de la ley ya que muchas empresas optarán por no inscribirse", indicó.

Cuando una persona quiera saber si una empresa tiene manejo de sus datos, deberá enviar una carta para saber qué datos manejan sobre él y en el plazo de diez días deberán contestar. Si no lo hacen, terminará la vía administrativa para pasar a la etapa legal a través del habeas data.

El reinado de las bases de datos

Los Estados están cada vez más interesados en seguir, registrar y guardar información de sus ciudadanos, particularmente, la información que circula a través de las tecnologías de la comunicación. Muestra de ello es la tan mencionada ley espía (ver ¿Qué hará el Gobierno tras la anulación de la Ley Espía?) y el intento de la Unión Europea de generar un mecanismo legal similar (ver Una Ley Espía a la europea). Estas leyes buscarían guardar información sobre los hábitos de las personas para predecir conductas.

El abogado Ribero reflexionó sobre la situación: "Esto obedece a varias razones, primero porque el Estado tiene la vocación de control de la actividad de sus ciudadanos que es bastante negativa. En segundo lugar, porque hay formas delictivas que se cometen de manera electrónica. En tercer lugar, es uno de los mecanismos que se está buscando para luchar contra el Terrorismo Internacional pero el Estado debe tener límites establecidos por la Ley, la Constitución y los jueces. Hay que establecer un equilibro muy delicado entre las libertades de las personales y el derecho al Estado a su propia seguridad. Siempre que se ha pretendido salvar la seguridad del Estado frente a los derechos personales se cayó en una dictadura".

Un terabyte de información podría contener 100 bytes de información de cada habitante del mundo y un índice de esos registros; ó un gráfico de cada metro cuadrado del mundo; ó mil millones de cartas comerciales que requerirían 150 millas de estantes. También 10 millones de imágenes de video capaces de componer un solo video que podría estar diez días en un sitio de Internet. "Hoy existen técnicas como el Data Mining para transformar los datos en información mediante técnicas que unen la inteligencia de los modelos con la potencia de cálculo y procesamiento de las computadoras", explicó –en diálogo con Canal AR- Enrique Segura, Dr. en Matemáticas y director del departamento de computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

El data mining busca patrones, comportamientos, agrupaciones, secuencias, tendencias o asociaciones que pueden generar algún modelo con el objetivo de facilitar futuras tomas de decisiones comerciales o gubernamentales. Es el nuevo motor del siglo XXI que explota, automatiza, almacena, intercambia o mezcla de manera infinita cuantiosas sumas de datos.

Todo puede ser leído como información e incorporado a una base de datos, fácilmente transportable a través de Internet. Lo que a simple vista parece un guión de ciencia ficción, es un panorama de la potencia inconmensurable de la red de redes y las tecnologías de la comunicación. Existen empresas que crean softwares para manejar bases cada vez más complejas; y otras que comercializan datos robados con distintas técnicas informáticas como el spam o el phishing (robo de datos bancarios). Por lo tanto, no resulta tan disparatado que los Estados quieran legislar al respecto, pensando en la privacidad, por un lado, y en la seguridad nacional por el otro. ¿Qué principio prevalecerá?