El Gobierno Nacional hizo estallar la polémica dentro de la industria tecnológica. Tanto fabricantes internacionales como nacionales, cámaras empresarias, ensambladores e integradores, ven con suma preocupación dos iniciativas impulsadas por la presidenta Cristina Fernández destinada a aumentar los impuestos de los productos electrónicos de mayor demanda, como teléfonos celulares, notebooks y monitores.

La jugada del oficialismo transita dos carriles. Por un lado, la mandataria sancionó el 7 de abril un decreto (el 252/2009), que fue publicado en el Boletín Oficial el lunes 13 y establece una reducción de impuestos para los “productos eléctricos y electrónicos producidos o que se pudieran producir” en la provincia de Tierra del Fuego, al amparo del régimen de la Ley 19.640. Los dispositivos elaborados pagaban 17%, y ahora pasarán a abonar un 6%.

Complementariamente, el 7 de abril el Ejecutivo elevó a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley (la 0007-PE-2009, ver archivo pdf.) que modificaría la nómina de bienes suntuarios gravados por Impuestos Internos, pasando a incluir a una gran cantidad de equipos, como notebooks, teléfonos celulares, monitores, cámaras digitales y filmadoras, entre otros. Ya sean importados o fabricados en el país, tendrán que pagar entre un 20% y 25% más de impuestos internos, y un 21% de IVA –al ser bienes informáticos y de telecomunicaciones, pagaban sólo un 10,5%-. En otras palabras, una notebook promedio pasará a costar de los 2.300 pesos a 3.100.

En definitiva, ¿a qué apuntan estas dos iniciativas, que a simple vista parece que no tienen una relación directa? Los principales representantes del mundo IT están convencidos que el paso siguiente del kirchnerismo será aprobar nuevos procesos productivos en Tierra del Fuego, para fabricar allá los dispositivos afectados por el “tarifazo”.

En diálogo con Canal AR un importante ejecutivo del sector informático, que pidió reservar su identidad, afirmó que el Gobierno impulsa esta serie de medidas porque “está muy preocupado por el desequilibrio comercial con Brasil, que nos exporta la mayoría de los productos electrónicos de Manaos, y no puede cobrarle impuestos por ser miembro del Mercosur. Las divisas se fugan a una velocidad extraordinaria. Mientras que ellos nos venden equipos electrónicos, nosotros les damos soja o trigo. De esta forma, buscan trabar la demanda”.

A su entender, el oficialismo está haciendo una lectura errada de la situación. “En lugar de fomentar que todo el sector crezca, como hace Brasil, que promociona la fabricación de partes, se le está dando el negocio a dos o tres empresas, para que hagan lo que quieran”. La misma fuente agregó que, en caso de aprobarse esta serie de iniciativas, “automáticamente desaparecerán los ensambladores de laptops como Sicsa (Olivetti), PC Arts (Banghó) o Exo, junto a todo el ecosistema que gira a su alrededor”.

“Se le va a dar un beneficio a alguien que nunca fabricó ni una sóla laptop, sin importar lo que queda destruido en el continente, que se logró sin beneficios fiscales y durante los últimos 5 años”, agregó la misma fuente.

Los ingresos, en picada

Desde la industria estiman que el aumento generalizado de los productos, consecuencia directa del incremento impositivo, conducirá a una reducción de la facturación de los dispositivos electrónicos que más se venden hoy en día. “Por otro lado, el Gobierno fomenta las notebooks para los chicos como un bien indispensable para reducir la brecha digital. Es una incoherencia de tal magnitud que no resiste análisis. Nos asombra el poco exámen que se hizo de las consecuencias de estas medidas”, afirmó a este medio el ejecutivo.

El proyecto de Ley 0007-PE-2009 ya ingresó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, pero todavía no fue tratado.

Si bien reconoció que sería un proyecto con cierta lógica si apunta a equipos que no se fabrican en el continente, como el caso de las cámaras filmadoras, hizo hincapié en que se planteó de tal forma que terminarán fundiendo “a la incipiente industria nacional que hay en el continente. Lo peor de todo es que no puedo ir a Tierra del Fuego y poner mi empresa, sino que debo esperar que aprueben un proyecto nuevo, donde pueda incluirme. Cosa que en realidad nunca va a ocurrir. ¿Dónde está la igualdad de condiciones?”