17 de diciembre de 2003. Última sesión de la Cámara Alta. Como se dice en la jerga legislativa, los senadores botaron sobre las tablas y sin debate una modificación a la vieja ley de Telecomunicaciones. Y en noviembre de 2004, el Poder Ejecutivo firmó el decreto reglamentario (ver Ley 25.873 y decreto 1563/2004). A partir de estas medidas, los proveedores de servicios de telecomunicaciones (ISPs y empresas de telefonía) deberán almacenar toda la información de sus clientes. Uno de los temas más preocupantes es la posible pinchadura de emails. Toda esta información deberá guardarse por un plazo de diez años y estar a disposición de un juez o fiscal cuando ellos lo requieran. Los argumentos para esta medida podrían encontrarse en las políticas mundiales sobre seguridad interior reeditadas a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Los proveedores de Internet, a través de la Cámara de Bases de Datos y Servicios en Línea, ya salieron al cruce de este decreto el año pasado a través de un amparo que tramita en el juzgado nº12 en lo Contencioso Administrativo Federal a cargo de Guillermo Rossi. Canal AR entrevistó a Patricio Seoane, presidente de CABASE. -¿Por qué creés que el Congreso sancionó esta ley?-

"La justificación es el tema de la seguridad, los secuestros y el narcotráfico; contar con elementos para hacer inteligencia sobre estos temas. Consideramos que el objetivo es válido pero la Ley traslada a los ISP la responsabilidad de asumir los costos. Existen proveedores grandes que cuentan con más de 300.000 clientes; medianos, con 60.000 clientes y chicos con 10.000 clientes. Esta medida provoca que las empresas se corran de su foco de negocio; nos trasladan la obligación de guardar por diez años información delicada, para lo cual no estamos preparados ni entrenados".

-¿Qué modificaciones tecnológicas tendrán que encarar las empresas para poder cumplir con esta medida?-

"Tener un enlace online con la dependencia que el Poder Ejecutivo designe; crear una línea punto a punto representa un costo mensual elevado. Después, es necesario contar con un medio de almacenamiento importante que asegure el resguardo de la información por diez años; a su vez, son necesarios los mecanismos para poder clasificar dicha información en una base de datos de un gran tamaño. Y por último, hay que entrenar al personal y generar un mecanismo de seguridad para prever que alguien no se robe la información".

Todas las empresas de telecomunicaciones ya estaban obligadas a guardar información de sus clientes por un período determinado. El tema que sobresale en esta oportunidad es la redefinición que se hace del concepto de Telecomunicaciones. Esta es la visión de Mario Miccelli, gerente de asuntos públicos de Iplan. "El dato sobresaliente es el manejo de los emails; la interpretación de mails surge de la definición que hacen del concepto de Telecomunicaciones, que comprende cualquier transmisión, emisión, recepción de signos y señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza. (ver decreto 1563/2004). A partir de ahora, todos los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a entregar esta información. Todo lo que sea emails y navegaciones por Internet será susceptible de ser interceptado", indicó Miccelli.

¿Espías del Estado?

Las empresas de telecomunicaciones nucleadas en CABASE objetan de esta ley el hecho de que serán ellas las que se harán cargo de los costos para implementar la infraestructura necesaria. No tendrían problemas de recolectar y sistematizar la información si el Estado fijase otro modo de implementación de esta ley. Por lo tanto, más allá del perjuicio para los ISPs, el problema de fondo es que las compañías de telecomunicaciones se convertirán así en los “espías” del Estado y en una herramienta para controlar a la población.

Para el abogado especialista en medios de comunicación y director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Damián Loretti, se estarían violando dos artículos de la Constitución Nacional: el 19 y el 43 (ver CN). -¿Creés que esta ley obedece a una política de Estado o es una ley que responde a una estrategia de todo el continente?-, preguntó este medio a Loretti.

"Esta ley reconoce un espíritu de época; en Estados Unidos, el acta patriótica, el recrudecimiento de las leyes de seguridad interior en Inglaterra son sólo un ejemplo de un nuevo contexto mundial. El propio consejo de Europa ha trabajado sobre este tema; incluso, la Federación Internacional de Periodistas ha realizado una serie de encuestas sobre el cambio en las legislaciones que rodean esta temática".

-¿Es viable el control por parte del Estado de todos los ciudadanos que utilizan Internet?-

"La ley de inteligencia indica que por orden judicial se puede interferir a partir de un razonamiento concreto de una causa concreta. Con esta nueva ley, la situación se invierte. Primero se colecta todo y luego se busca, con lo cual coloca a todo el mundo en un estado de vigilancia y observación permanente. Cada cosa que uno realice por la web o un teléfono celular será rastreada, ordenada, sistematizada y puesta a disposición".