DIRECTV reacciona ante el explosivo aumento de decodificadores pirata

José Ignacio Alvear, Director Legal DIRECTV dice que Chile necesita tomar medidas urgentes para combatir la piratería en este sentido

Hoy la industria de la TV de pago en Chile se enfrenta a un complejo enemigo: la piratería. Una realidad latente que durante los últimos años se ha masificado, a través del explosivo aumento de un sistema de acceso ilegal a la TV de pago satelital que, según José Ignacio Alvear, director Legal de DIRECTV amenaza con que ésta desaparezca si no unen fuerza todos los actores involucrados.

José Ignacio Alvear, Director Legal DIRECTV.

“Para comprobar esta afirmación, basta con revisar las últimas cifras de Subtel que informan sobre la abrupta caída en el porcentaje de crecimiento de la industria de TV de pago: pasando de 110.310 suscriptores durante el 1er semestre de 2011, a sólo 39.400 en el mismo periodo de 2012. Un 64% menos en un año sin que exista ninguna razón aparente que la explique más que la piratería, ya que nos encontramos en un escenario macroeconómico con altas tasas de pleno empleo y una inflación controlada”, comenta.

El ejecutivo comenta que todos los días se están comercializando y consumiendo en el país cientos de decodificadores Free to Air (FTA), que contienen chips que emulan ilegalmente a las tarjetas de acceso condicional que deben insertarse en los decodificadores de los operadores de tv paga, permitiendo captar ilegalmente la señal de éstos y así acceder, también ilegalmente, a la programación de los proveedores de contenidos (titulares de derechos de los programas, series y películas que se transmiten a través de los operadores de tv paga legítimamente establecidos).

“Algunas personas los adquieren engañados, y otros los compran a plena conciencia de que no son legítimos”, dice.

Mecanismos de combate

El ejecutivo de DIRECTV añade que estos decodificadores piratas entran por Aduanas, muchas veces como contrabando, etiquetados como consolas de videojuegos, DVD, o como si fueran de la clase de FTA legales, es decir, como decodificadores que no poseen el chip que ha violado los derechos de propiedad intelectual del dueño del software de las tarjetas de acceso condicional.

“La actividad pirata golpea a toda la industria y también constituye un delito de violación a los derechos de propiedad intelectual en contra de los proveedores de contenido y de los fabricantes del software que contienen estas tarjetas de acceso. Y estamos hablando de un problema macro. En general, las pérdidas que ocasiona la actividad pirata en Chile son millonarias. Por ejemplo y hablando sólo del ámbito de la tecnología, según cifras de International Data Corporation (IDC), el año pasado Chile perdió casi 100 millones de dólares en concepto de piratería de programas informáticos”, explica.

Respecto de qué hacer, Alvear comenta que existe una manera de que el panorama se invierta. Cuando Chile firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en el 2003, los países firmantes se comprometieron a dictar normas internas que apuntarán a reducir la piratería en diversos ámbitos, entre ellos la piratería de la que estamos hablando. Sin embargo, en el caso de Chile, existen normas del TLC que aún no han sido implementadas, entre ellas la que dicta el artículo 17.8, que tipifica como “(a) una infracción civil o penal la construcción, ensamblaje, modificación, importación, exportación, arrendamiento o distribución de otro modo de un dispositivo o sistema tangible o intangible, …que ayude a decodificar una señal de satélite portadora de un programa codificado sin la autorización del distribuidor legal de dicha señal” y “(b) una infracción civil o penal la recepción o distribución maliciosa de una señal satelital …”

“Lo que urge entonces en este momento es que esta norma del TLC sea implementada en el país, para poder contar con un instrumento legal con el cuál combatir este tipo de piratería.
Así se desincentivaría su comercialización, que hasta ahora es grito y plata para personas que cometen un acto ilícito y ofrecen a los consumidores un servicio ilegal”, sostiene.