4G itinerante

Por Enrique Carrier*

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Buscando acelerar la cobertura de los servicios 4G, el gobierno dictó esta semana la resolución 865/2019 que obliga a los operadores móviles a “celebrar acuerdos de itinerancia automática nacional u otras soluciones técnicas alternativas de compartición de infraestructura, para la prestación de sus servicios en los corredores viales y las localidades de entre quinientos (500) y diez mil (10.000) habitantes”. Para ello da un plazo de 30 días para firmar los acuerdos respectivos y 180 días para que los servicios estén operativos. El espíritu de la norma es lograr que en todo lugar donde haya una antena exista cobertura de los tres operadores móviles nacionales. De esta forma, se mejora la disponibilidad de los servicios 4G, independientemente del operador.

En la práctica, esta resolución introduce un cambio en las condiciones de despliegue de 4G establecidas por el pliego licitatorio de 2014, que exigía que cada operador tuviera infraestructura propia en cada rincón del país, sin tener en cuenta la razonabilidad económica de superponer redes en localidades de baja demanda. Afecta a las etapas 4 y 5 previstas originalmente, donde la 4 era para localidades de entre 10 mil y 3 mil habitantes y la 5 llegaba hasta aquellas con más de 500, además de corredores viales específicos. La medida busca así combinar los objetivos del gobierno, que quiere llegar a fin de año con una cobertura de 4G del 93% de la población, y de los operadores, que deben cumplir con las metas de despliegue, aplazadas por la no disponibilidad inmediata del espectro subastado.

Se viene ahora un período de negociaciones entre los tres operadores en el cual deben identificar las zonas en las que no hay presencia física de los tres y el precio que fijarán por el uso de esa infraestructura. También deberán dirimir quién se hace cargo de desplegar la red en las zonas aún no cubiertas por ninguno. Aquí jugará un rol central Claro, quien, por razones históricas, tiene una mayor cobertura en todo el Interior del país.

El precio que se acuerde entre los operadores deberá ser de equilibrio. Si es muy bajo, el poseedor de una red no querrá ofrecerla para habilitar competencia en su área de cobertura sin recuperar sus costos. Si es muy alto, tendrá más sentido desplegar red propia que hacer roaming. En otras palabras, debe haber balance entre precio e inversión así como en la carga por el despliegue de red.

De todos modos, hay que ser cautos. Según la titular del Enacom, a fines del 2018, la cobertura de 4G era del 58% de la población. La meta del 93% es ambiciosa porque cuanto más alta es la cobertura, más cuesta alcanzar cada punto adicional de la misma. Pero la esperanza es lo último que se pierde.

(*) Enrique Carrier: Analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Además, es el editor de “Comentarios”, el newsletter semanal y blog de Carrier y Asociados