La declaración de los servicios de conectividad a Internet como servicio público esencial y estratégico en competencia pone en riesgo de subsistencia a más de 1.200 pequeños y medianos actores del ecosistema de internet, que son PyMEs y cooperativas de capitales nacionales que prestan servicios principalmente en la gran mayoría de pequeñas y medianas localidades del interior del país.

Los prestadores asociados a la Cámara Argentina de Internet -CABASE- han buscado y mantenido instancias de construcción de diálogo con autoridades nacionales del sector (ENACOM, Secretaría de Innovación Pública y Subsecretaría de TICs), así como con autoridades legislativas del Congreso Nacional, a fin de consensuar soluciones y políticas para los diferentes desafíos que presenta el desarrollo del sector TIC, incluyendo la universalización de la conectividad en nuestro país, para llegar a conectar al 37% de los hogares del país que aún no tienen internet fija. Lamentablemente el DNU 690/20 ha sido dictado de manera inconsulta, sin tener en cuenta el camino recorrido y sin considerar las características particulares de los prestadores PyMEs y cooperativos.

El mercado Argentino tiene ya un altísimo nivel de concentración que no hará más que agravarse si la reglamentación del DNU no contempla un esquema específico para PyMEs y cooperativas, diferenciado del que se establecerá para los grandes operadores.

La continuidad de estos servicios de conectividad en condiciones de calidad requiere de la permanente realización de inversiones en redes y equipos, en más de un 80% dolarizadas, que se solventan con capital propio, sin acceso a fuentes nacionales o internacionales de financiación y que se repagan a partir de los precios en pesos cobrados a los usuarios que utilizan los servicios.

Este escenario hace que sea muy difícil para las PyMES y Cooperativas hacer frente a una competencia muy agresiva por parte de los operadores dominantes, situación que se agrava con la regulación de precios contenida en el DNU.

Las condiciones de competencia indican a las claras la necesidad de dar impulso a las PyMEs y cooperativas para que continúen brindando sus servicios en beneficio de los usuarios, generando a la vez un impacto real en las economías regionales y el empleo local.

Se necesita una regulación inteligente, que discrimine a los grandes operadores del resto a través de regulaciones asimétricas, para que se generen en todo el país las condiciones que permitan nivelar la cancha impulsando activamente una mayor participación de las PyMES y cooperativas en el mercado, para que sean estos actores los que con sus inversiones locales quienes lleven internet al 37% de los hogares del país que aún no cuentan con conectividad.

La decisión de calificar un servicio o una actividad económica como un servicio público esencial y estratégico en competencia no hace por sí misma que esos servicios sean de mejor calidad, más accesibles y ni siquiera que lleguen a más personas, algo que solo puede lograrse generando condiciones de mayor competencia y una promoción activa e inteligente de la industria a través de políticas públicas de incentivo de la inversión, para que sean los actores del sector privado quienes lleven internet de calidad a precios competitivos al cien por cien de los hogares del país.

Solicitamos a las Autoridades Nacionales abrir una instancia de diálogo que permita revertir los efectos nocivos del DNU 690/20 y atender nuestras legítimas preocupaciones, generando las condiciones necesarias para que podamos continuar brindando el servicio y realizando las inversiones que requiere la extensión de la conectividad en nuestro país.

(*) Ariel Graizer: Presidente de la Cámara Argentina de Internet, CABASE.