Precios asimétricos

Por Enrique Carrier*

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Pasado el primer año de la gestión del gobierno en el área de los servicios TIC, es indudable que la relación entre regulador y regulados se fue complicando paulatinamente. Se pasó de acuerdos consensuados a un escenario que permite prever una judicialización que hará las delicias de los abogados.

Recordemos que todo arrancó una vez declarada la emergencia sanitaria por la pandemia. Fue entonces que se acordó el primer congelamiento de precios, se suspendieron los cortes de servicio por falta de pago, se definieron productos básicos, a las que se sumaron otras medidas para acompañar la situación. No hubo entonces fuertes oposiciones ya que se atravesaba la etapa más fuerte del aislamiento, con todas sus implicancias sociales y económicas, además de las sanitarias.

Luego, el DNU 690/20 tiró por la borda los acuerdos logrados entre Enacom y prestadores TIC al estirar el congelamiento que vencía en agosto hasta diciembre. Adicionalmente, hubo un cambio mucho más profundo: el establecimiento de los servicios TIC como servicio público, abriendo la puerta a la regulación de sus precios, que hasta ese entonces eran libres, siendo un factor fundamental para la competencia. Entonces, las voces de todos los prestadores se alzaron. Particularmente las PyME, tanto cableras como ISP puros. No tanto las cooperativas que desde el día uno optaron por la estrategia de no confrontar (por conveniencia o convicción).

Hacia el fin del 2020 la tensión llegó a nuevos niveles con la Resolución 1.466/2020 que fijó las actualizaciones de precios autorizadas para enero de 2021: 5% para prestadores con más de 100.000 accesos y 8% para los de menos de esta cifra. Con precios congelados desde abril del 2020 (algunos ya lo estaban desde fines de 2019), en ambos casos la actualización fue muy modesta frente a una inflación del 36,1% para todo el año. Período durante el cual las telecomunicaciones subieron tan sólo el 7,6%. Así, comparando la inflación con el aumento de precios de los productos de comunicaciones, éstos perdieron 28,5 puntos. La situación hizo que diversos operadores (grandes y chicos) aumentaran sus precios en enero por encima de lo establecido por el gobierno.

Algunos ya se comprometieron a retrotraer los aumentos y devolver la diferencia a sus clientes, lo que se comenzará a ver a partir de marzo. Otros, por su tamaño, confiaron en quedar fuera del radar del Enacom, estimando que tendrá dificultades para controlar a un universo de más de 1.200 prestadores. Pero también están quienes recurrieron a la justicia para cuestionar la constitucionalidad del DNU. Tal el caso de TV Cable Color S.R.L., un pequeño prestador de la provincia de Córdoba, quien logró que la justicia federal hiciera lugar a una medida cautelar contra el DNU 690. Decisión que, aunque ganó estado público esta semana, fue tomada a mediados de diciembre pasado. De esta forma, estableció un antecedente que servirá para que otros prestadores reclamen lo mismo para sí, entrando así en una batalla en los tribunales que empantane la situación.

La asimetría en los aumentos autorizados según el tipo de prestador alcanzó un nuevo nivel al llegar febrero, con la Resolución 27/2021 que estableció un nuevo ajuste, estas vez del 7%, pero únicamente para aquellos prestadores con menos de 100.000 accesos. De esta última medida, hay varias cosas para comentar. Lo más evidente es que profundizó la asimetría. Los aumentos autorizados acumulados durante el 2021 fueron en definitiva del 15,6% para prestadores con menos de 100 mil accesos y del 5% para los demás (Telecom, Telecentro, Movistar, Supercanal, Claro).



Pero además de la asimetría entre prestadores, en los hechos establece un trato diferencial entre sus clientes: quienes viven en grandes ciudades (donde los prestadores de más de 100 mil clientes son más relevantes) y quienes lo hacen en pequeñas localidades (en su mayoría atendidos por prestadores de menos de 100 mil clientes). Estos últimos tendrán aumentos superiores en más de 10 puntos en comparación con los clientes en las grandes ciudades. Por otra parte, se trata de una asimetría arbitraria, ya que en los considerandos para otorgar este aumento selectivo se mencionan la suba del dólar, la incidencia del equipamiento y la conectividad en los costos, así como el aumento de la capacidad mayorista contratada. Todos factores que impactan por igual a cualquier ISP, sin importar su tamaño.

De todos modos, y yendo más a la realidad económica y no tanto legal/regulatoria, también hay que tener presente que la asimetría en los aumentos puede en la práctica no ser tan marcada como parece. En particular para aquellos prestadores pequeños que compitan con uno grande en su área de cobertura. Porque tarde o temprano, por más que tenga margen legal para aumentar, el precio “pisado” de los grandes terminará jugándole en contra. Así, quizás sin proponérselo, la regulación puede terminar favoreciendo a los más grandes en determinados escenarios.

En un enfoque más político, con esta sucesión de medidas (y sus reacciones), el gobierno generó una situación de la cual puede salir impactado en su autoridad. No sólo por el rechazo a su política sectorial por parte del conjunto de los operadores (se hayan manifestado públicamente o no). También por la precariedad regulatoria fruto de distintas medidas que se fueron tomando vía resoluciones, evidenciando la falta de un reglamento que contemple el cambio sistémico que significa pasar de regular un mercado operando libremente en competencia por otro en el cual es un servicio público.

No obstante, el gobierno tiene recursos como para bajar la presión reinante. Podría lograrlo con una actitud más ecuánime, basada más en argumentos técnicos que políticos, al tiempo que debería ofrecer más previsibilidad a los prestadores, a través de un cronograma de aumentos que permita planificar a una actividad que es muy capital intensiva y con recuperos en el mediano plazo.

Más allá de los problemas sectoriales, queda en claro que la madre de estas tensiones alrededor de los precios de los servicios TIC es la macroeconomía. Si Argentina tuviese una economía sin inflación y generase las divisas que necesita, las actualizaciones de los precios no serían ni tan recurrentes ni deberían ser de semejantes magnitudes. Y se podría pensar seriamente en potenciar las infraestructuras para que tengan mejores capacidades, llegando a más personas que las necesitan. Hoy, en cambio, la discusión parece encaminada a quedar en manos de abogados. Una lástima evitable.

(*) Enrique Carrier: Analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Además, es el editor de “Comentarios”, el newsletter semanal y blog de Carrier y Asociados