El canto de la sirena

Por Enrique Carrier*

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Para la mayoría de los sectores, desarrollar una actividad económica sana en Argentina se ha vuelto muy difícil en los últimos tiempos: 3 años seguidos de caída del PBI (-2,6% en 2018, -2,1% en 2019 y -9,9% en 2020) con inflación creciente (36% en 2020 y 17,6% en los primeros 5 meses de 2021). Claramente, son cifras potenciadas por la pandemia, que en Argentina tuvo un impacto significativo.

En este escenario, la política del gobierno hacia el sector de los servicios TIC ha sido muy cuestionada, especialmente el DNU 690 que lo declaró servicio público, obligando a la autorización de aumentos de precios, logrando algo inédito: que toda la industria esté en contra. La razón: desde su promulgación, los ajustes de precios han estado por debajo de la inflación. Con los últimos 5 meses de 2020 sin actualizaciones mientras la inflación fue del 17,6% y con aumentos que comenzaron a llegar en el 2021, pero que, salvo en el caso de pequeños prestadores de servicios de acceso a Internet, estuvieron por debajo de la inflación del período enero-mayo, que también resultó ser del 17,6%.

De este modo, desde que comenzó el tratamiento de los servicios TIC como servicio público, todos quedaron retrasados frente a la inflación. Los más, acumulando 28 puntos en contra. Los menos, 14,1 puntos. El impacto en la rentabilidad de las empresas, tanto grandes como PyME y cooperativas es significativo.



Conviene aclarar que este análisis no considera dos factores adicionales relevantes. Uno es no tomar en cuenta la inflación previa a agosto 2020 versus aumentos, ya que muchas empresas decidieron no aplicarlos por razones comerciales, no por política gubernamental. El otro es el impacto de las PBU (Prestación Básica Universal), un producto mayormente deficitario pero cuyo impacto es dispar en función del servicio y del perfil de consumidores en las áreas de cobertura de los distintos prestadores.
Ante este cuadro de situación, era esperable no sólo que muchos prestadores recurrieran a la justicia, sino que ésta también tendría fallos favorables a sus reclamos. Pero este análisis se circunscribe a las políticas del gobierno más que a la realidad del mercado, que es muy diversa entre amparados por la justicia, obedientes y desobedientes.

Lo que los números demuestran es que la política del gobierno que apunta a hacer los servicios más accesibles también tiene un alto impacto negativo en los ingresos de los prestadores. Hay que ajustar los egresos y la primera víctima es la inversión, particularmente aquella destinada a la expansión de las redes primero y a la mejora de las existentes después. Algo de lo que pueden dar fe las empresas en las que se tercerizan los trabajos de despliegue. De este modo, el resultado que obtiene el gobierno va en contra de su objetivo manifiesto de conectar más y mejor a los habitantes del país.

A esto se suma que, a pesar de su estatus desde el DNU 690, los servicios TIC no reciben subsidios para cerrar la brecha entre costos y precios fijados por el Estado, como sí ocurre con otros servicios públicos. En el caso de los servicios TIC el subsidio proviene de los propios prestadores, sin compensación alguna. Y ante la diversidad de perfiles y tamaños de los prestadores TIC, en algunos casos pueden “aguantar” un tiempo, pero en muchos otros, no.

Lógicamente, la solución no pasa por que el Estado subsidie a los servicios TIC. Más aún cuando el Estado arrastra un déficit crónico que es lo que alimenta la inflación galopante y entorpece las negociaciones con organismos internacionales de crédito. En otras palabras, el problema de Argentina no es el costo de los servicios TIC sino el déficit de las cuentas públicas que por estructural ya no obtiene formas sanas de financiarlo. Sin posibilidad de tomar deuda a tasas normales para el mundo, la única vía de financiación es tomar deuda a tasas incendiarias y emitir sin respaldo. Con lo cual la inflación se acelera, como se pudo comprobar en los últimos meses donde se llegó a índices de alrededor del 4% mensual. Valores que obligan a ajustes de precios cada vez más recurrentes.

Tampoco el gobierno está en condiciones de liberar de un día para el otro los precios de los servicios TIC en el corto plazo. Pero lo que sí debe encarar es una fórmula de actualización de precios que otorgue previsibilidad (fundamental para cualquier inversión) y que no implique en los hechos una pérdida de ingresos como viene sucediendo hasta ahora. Hay que desactivar la bomba lo antes posible.

Los controles de precios son como el canto de las sirenas. Atractivos al principio, pero terminan con los barcos estrellados contra las rocas. Argentina no se puede dar el lujo de degradar la infraestructura más valiosa del siglo XXI. Las elecciones serán probablemente un tema más urgente (y mezquino), pero no más importante.

(*) Enrique Carrier: Analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Además, es el editor de “Comentarios”, el newsletter semanal y blog de Carrier y Asociados