Artículo publicado por Enrique Carrier en Comentarios.info.

Llegamos a fin de marzo y, a pesar de los anuncios iniciales, la licitación de espectro para 5G no da señales de avance. Se dijo que se iniciaría el proceso cuando los funcionarios del gobierno volvieran del MWC 2023 en Barcelona, que tuvo lugar en el cambio de mes entre febrero y marzo. Siguieron pasando los días, hubo algunos rumores respecto a alternativas en la forma de pago, pero la acción siguió postergándose. Ahora parece que no habrá novedades sino hasta después de Semana Santa. Con las sucesivas postergaciones, hoy varios comienzan a dudar.

Las demoras en el tema 5G no serían tan llamativas de no ser por la urgencia que pareció haber en un momento, mientras se pensaba que se podía recaudar la repetida pero nunca confirmada cifra de US$ 1.400 M. Más allá de ser muy ambiciosa de por sí, quedó descolocada ante la complejidad de la macro y un sector que no viene atravesando sus mejores épocas.

Quienes siguen de cerca el proceso dicen que estaría faltando el OK final de parte del ministro de economía, ávido de encontrar fuentes de dólares, quien, al presentar el presupuesto 2023, había mencionado que el proceso arrancaría en febrero. Pero pareciera que con todos los problemas que debe enfrentar el ministro, el tema 5G que ya viene discutido, pasa a tener menos prioridad.

Desde el 2017, mientras el PBI tuvo alzas y bajas, la facturación de los servicios móviles ha disminuido sucesivamente (si se la expresa en valores constantes que permitan la comparación en un contexto de alta inflación como el actual), tal como surge del informe “Mercado celular argentino 2023”, realizado por Carrier y Asociados. Esto indica que, además del impacto de la macro, hay claramente un tema sectorial que no se está teniendo en cuenta.



Por lo tanto, más allá de las condiciones técnicas que establecería el pliego, el factor económico es quizás el más determinante. Y la cosa se agrava porque existe una gran distancia entre lo que el gobierno aspira a recaudar y lo que las empresas están en condiciones de pagar. Entre ambas cifras hay alternativas, aunque por la distancia entre los extremos, al menos una parte deberá hacer un renunciamiento significativo.

Detrás de esta, la discusión madre, hay otros factores que preocupan, como cuál será la disponibilidad de dólares para la inversión inicial en el despliegue de la red. Algo particularmente atendible considerando cuál es la situación actual, empeorada por la perspectiva de un menor ingreso de divisas que el esperable como consecuencia de la feroz sequía que promete impactar fuertemente en la cosecha.

Por otra parte, no hay que olvidar que la tecnología 5G debe demostrar que las cuantiosas inversiones necesarias para hacerla realidad todavía no han probado que se traduzcan en una facturación adicional significativa. Un factor que, en el caso argentino, con un ARPU (ingreso promedio por usuario) que en los últimos años se sitúa en alrededor de los US$ 5 mensuales, despierta todavía más inquietudes.

El timing para la licitación no es el ideal. Desde el 2020, el gobierno se dedicó a intentar controlar los precios (algo que la realidad logró naturalmente) y no planeó con la dedicación necesaria el proceso de asignación de espectro para 5G. Ahora lo hace apurado, con una motivación mayormente recaudadora, urgido por conseguir fondos. Así, el proceso se hace cuesta arriba.

(*) Enrique Carrier: Analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Además, es el editor de “Comentarios”, el newsletter semanal y blog de Carrier y Asociados