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Por Enrique Carrier*

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Tenemos un plan. Ese es el mensaje que quedó luego de que IDA (Infraestructura Digital Argentina), asociación que agrupa a distintos operadores de telecomunicaciones del país, presentara su “Plan para la Aceleración de la Conectividad”. Se trata de una primera bajada a propuestas concretas emergentes de los 10 principios publicados al momento de su fundación, en noviembre de 2022. La intención es que sea un punto de partida para una discusión que permita acordar políticas públicas de largo plazo para el sector TIC en Argentina. El plan gira alrededor de tres ejes: robustecer el ecosistema de proveedores de acceso, replantear la articulación entre el sector público y el privado, y rediseñar la autoridad de aplicación.

El primer eje, robustecer el ecosistema de proveedores de acceso, contiene muchos de los reclamos de la industria en los últimos tiempos, como garantizar la libre competencia (lo que incluye libertad de precios), eliminar trabas a los despliegues (un tema en el que se avanzó, pero no tanto como se debiera) o eficientizar el uso del espectro (contar con plan de espectro, mercado secundario y otras propuestas). También aborda un tema de los últimos tiempos, como es la compartición de infraestructura. Pero además incorpora otros puntos que quizás no hayan sido tan discutidos, como la neutralidad tecnológica (algo que cobró relevancia en medio de enfrentamientos geopolíticos), la redefinición del concepto de neutralidad de la red (para que contemple avances tecnológicos y de competencia) o propiciar la competitividad de PyMEs y Cooperativas (acá seguro surgirán diferencias de implementación). También recomienda definir, con revisión periódica, una Velocidad Mínima de Transmisión (VMT) así como establecer objetivos de cobertura en base a planes consensuados y ejecutados dentro de la relación público-privada.

En el segundo eje, replantear la articulación entre el sector público y el privado, la cosa se pone más picante. Propone una profunda reforma al Servicio Universal (SU) que involucre a los privados en el diseño de un plan maestro de conectividad. Además, plantea transformar al Fondo del Servicio Universal (FSU) en un mercado de capitales para financiar exclusivamente a actores de la industria, bajo una administración en la que participe el sector bancario y financiero. Esto implica también reducir aportes no reembolsables (ANR) y desarrollar más aportes reembolsables, de forma tal de no desfinanciar al fondo. También propone ampliar la base de aportantes al SU en función de la captación de ingresos generados por la conectividad (que incluiría no sólo a plataformas) así como destinándole los montos pagados en concepto de espectro. Asimismo, y teniendo en cuenta que lo que no se mide no se gestiona, recomienda establecer objetivos concretos y mensurables para evaluar las inversiones realizadas y propiciar la eficiencia de los aportes. Finalmente, propone una reformulación de la PBU (Prestación Básica Universal) que se traduzca en un subsidio a la demanda (al estilo de la tarjeta Alimentar) financiado por la industria a través del FSU y/o eliminando impuestos (caso IVA) al servicio. Esto responde a que de poco sirve la conectividad si después las personas no tienen recursos para conectarse.

El tercer eje, rediseñar la autoridad de aplicación, gira alrededor del regulador del sector, lo que hace que quizás sea el punto más resistido por la política. El mismo propone dar marcha atrás con el modelo de regulador convergente, separando la regulación de la infraestructura de la de los contenidos que abordan problemáticas totalmente distintas. Asimismo, sugiere una profesionalización del regulador a través del nombramiento por concurso (algo que ya existió hace tiempo) así como una evaluación de su gestión a través de mecanismos de medición de resultados.

Hecha la presentación en sociedad del plan ante la prensa especializada, IDA tiene por delante el desafío de generar un debate con el resto de la industria para enriquecer la propuesta. Simultáneamente, debe presentarla a los think tanks de los partidos políticos que, en un período preeleccionario e independientemente de la fuerza de que se trate, todavía no se han manifestado pública y formalmente sobre la política deseada/prevista para el sector.

Independientemente de la opinión que se tenga respecto del contenido, es destacable que haya una propuesta de plan con una mirada de mediano y largo plazo proveniente de la industria. Especialmente para un sector que ha sufrido muchos vaivenes regulatorios en la última década. La infraestructura es un tema de largo plazo. Es bueno que se empiece no sólo a pensar sino también a actuar en estos términos.

(*) Enrique Carrier: Analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Además, es el editor de “Comentarios”, el newsletter semanal y blog de Carrier y Asociados