Cuando parecía que, ahora sí, se iba a avanzar con la subasta de espectro para 5G, un giro inesperado hizo que hubiera una nueva postergación. Si ya el escenario venía complicado, los motivos que llevaron a la postergación prometen enmarañar el panorama más aún.

La reunión de directorio del Enacom prevista originalmente para el pasado miércoles 23 tenía como objetivos exclusivos la aprobación del pliego de condiciones para la subasta de espectro para 5G, así como la asignación de frecuencias a Arsat. Pero a último momento, y en base a un pedido explícito del presidente de la Nación, se pasó a un cuarto intermedio a los fines de considerar algunas modificaciones sugeridas por la cabeza del Poder Ejecutivo.

Originalmente, el pliego a tratar disponía de 300 MHz a dividir en 3 lotes de 100 MHz cada uno, compuestos por las bandas de 3.3 a 3.4, 3.4 a 3.5 y 3.5 a 3.6 GHz, con un precio base para cada lote de US$ 350 M (dólares estadounidenses). Un precio considerado excesivo, ya que según los benchmarks que manejan los actuales operadores, esa cantidad y calidad de espectro tendría un valor de entre US$ 100 y 150 M. Pero a este punto conflictivo, se le suman dos más. Uno tiene que ver con la asignación de espectro a Arsat y el otro con la creación de una tarifa social.

La mención de Arsat en el proceso de 5G tiene dos puntos que generan tensiones. Uno es que en caso de que un lote resultara vacante, ese espectro podría asignarse a Arsat. Esto puede verse más como un disuasor para que a ninguno de los participantes se le ocurra no ofertar. Si ese espectro fuera asignado a Arsat (a título gratuito), el operador que desistiera de participar en estas condiciones quedaría definitivamente fuera de las bandas medias, las más preciadas para 5G, al menos en esta etapa del desarrollo de esta tecnología. El otro punto tiene que ver con la intención de asignar, por el plazo de 20 años y a título gratuito, 100 MHz en la banda de 3.6 a 3.7 GHz. Así, Arsat no sólo podría acceder gratuitamente a un espectro por el que los operadores privados deberían pagar, como mínimo, US$ 350 M, sino que, en caso de resultar un lote vacante, se haría de 200 MHz. El doble que cualquier operador privado y sin poner un peso (o un dólar). Esto sin considerar cómo haría el Estado para desarrollar una red 5G desde cero [ver: “Libre.ar versión 2”].

La mención a la tarifa social abunda en imprecisiones. Sólo que se reglamentará cuando la tecnología de 5G sea adoptada masivamente en los dispositivos móviles utilizados por los usuarios finales. ¿Qué significa “masivamente”? ¿50%? ¿80? ¿90? Tampoco queda claro cómo se implementará: si será en base a un descuento que los operadores deberán realizar, si se subsidiará a la demanda con fondos del Servicio Universal, quienes serán los elegibles para gozar de una tarifa social o qué características tendrá el producto. Además, resulta exótico que se quiera dar una tarifa social en relación a una tecnología específica y no en base a un servicio determinado. Demasiadas vaguedades como para ser aceptable.

En este escenario, y tal como lo adelantó este artículo, el factor que llevó al presidente de la Nación a pedir una reconsideración del pliego fue la inclusión de un lote para un entrante. Básicamente, el pedido fue de tomar los 4 lotes entre 3.3 y 3.7 GHz (los 3 para operadores privados más el de Arsat) y dividirlos por 5, para llegar a lotes de 80 MHz. Así, no sólo se reduciría el espectro disponible para cada operador, sino que además ese 5º lote se otorgaría sin cargo a un entrante (que según trascendió estaría destinado a Telecentro), bajo el argumento de que, al no contar con infraestructura, eximirlo del pago por el espectro sería una forma de bajar las barreras de entrada. Más allá de la poca viabilidad de contar con 5 operadores móviles con espectro, si a un entrante se le hace difícil ingresar al negocio por el precio del espectro, difícilmente cuente con los miles de millones de dólares que requiere arrancar una red desde cero (adicionalmente sin espectro para las generaciones anteriores). Salvo que la intención del presidente fuera que además los operadores actuales le cedan el uso de su propia infraestructura.

Adicionalmente, el mismo hecho de otorgar gratuitamente a unos lo que se les cobra a otros es un ticket directo hacia una judicialización que podría desembocar en causas penales para los funcionarios que aprueben semejante medida. Algo que quizás sería más discutible si el beneficiario es una empresa estatal (caso Arsat), pero muy difícil de defender si el beneficiario es una empresa privada.

El caso de Arsat tiene un componente adicional. Considerando el estado actual (y estructural) del gasto público, difícilmente haya recursos para el despliegue de una nueva red móvil estatal. Pero, además, tampoco hay que descartar que un próximo gobierno encare procesos de privatización de empresas públicas, lo que podría alcanzar a Arsat. Y si ésta contara con espectro para servicios móviles, podría ser más atractiva para una privatización. Un efecto colateral no previsto para quienes defienden la existencia de un operador público.

Así, la situación da lugar a tres escenarios posibles, cada uno con sus propias consecuencias. Uno es que no se tome en cuenta el pedido del presidente y se avance con la subasta en los términos del pliego de condiciones que tenía que tratarse esta semana. En este caso, y más allá de los cuestionamientos mencionados, entra a tallar el factor tiempo. Aun en la mejor de las hipótesis (que no haya cuestionamientos y/o consultas que estiren los plazos), el espectro no estaría asignado sino casi en la última semana de la actual gestión, con los fondos acreditados ya para el próximo gobierno. Algo que al oficialismo sólo beneficiaría en caso de ganar las elecciones presidenciales. Otra alternativa sería aceptar las modificaciones pedidas por el presidente, pero sería avanzar hacia una conflictividad que podría terminar bloqueando todo el proceso por tiempo indefinido con el consecuente daño colateral para el desarrollo de la infraestructura tecnológica del país. Finalmente, que la subasta quede en suspenso y sea resuelta por la próxima gestión que surja de las urnas. Una alternativa que cada vez paga menos en las casas de apuestas. Hagan las suyas.

(*) Enrique Carrier: Analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Además, es el editor de “Comentarios”, el newsletter semanal y blog de Carrier y Asociados