Tiempos de cambio

Por Enrique Carrier*

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Con la definición de quién asumirá como presidente de Argentina, la semana estuvo plagada de novedades y también de especulaciones, sin descartar “operaciones” de quienes tienen intereses que defender. Sucedió en todos los ámbitos, incluyendo al de las telecomunicaciones.

Por el lado de las novedades, cuando terminaba la semana pasada se conoció un fallo en primera instancia (no ya una medida cautelar) que declaró la nulidad del DNU 690. En su momento, el decreto cambió el status de los servicios TIC al de servicio público, incluyendo la fijación de precios a través de las requeridas autorizaciones para los ajustes en un contexto clara y aceleradamente inflacionario. Esto ocurrió como consecuencia de la demanda iniciada oportunamente por Telecom. El Enacom confirmó que apelará la medida. Más allá de que, a raíz de diversas medidas cautelares, los precios se movieron libremente (aunque por debajo de la inflación), resulta interesante observar cómo se compararon los aumentos autorizados (simbólicos) frente a la inflación acumulada desde agosto 2020 (cuando se publicó el DNU). La inflación fue del 661%, mientras que los aumentos acumulados autorizados oscilaron entre 196% y 211% dependiendo del servicio de que se trate. Claramente, de haberse cumplido con los aumentos autorizados estaríamos comunicándonos a través señales de humo ya que no hubiera quedado ningún operador en pie.



Nadie duda de que el gobierno entrante derogará el DNU 690. Con este fallo, probablemente lo haga utilizando los mismos argumentos expuestos por la Justicia para declarar su nulidad.

Otro tema que estuvo circulando tiene que ver con el destino de Arsat. Es conocida la postura del gobierno entrante respecto de las empresas públicas, reafirmada expresamente en algunos casos, como lo son los medios estatales o la línea aérea estatal. No obstante, no hubo ninguna mención expresa de Arsat.

Más allá de las posturas ideológicas respecto a la conveniencia de contar con un operador estatal, lo cierto es que una privatización de Arsat no es, a priori, tan atractiva, más allá de que, como siempre, todo depende del precio y condiciones. La red de fibra óptica está pensada (al menos en teoría) para llegar allí donde no lo hacen los privados por falta de rentabilidad. En el caso de los satélites en operación, amén de que tecnológicamente están superados (no son de alta capacidad como sí lo sería el Arsat-SG1), ambos superaron la mitad de su vida útil. Por su parte, la red de TDA alimenta una tecnología, la del broadcasting, que está en retirada. Quizás el datacenter es lo más atractivo potencialmente. Y, finalmente, no hay que olvidar que el gobierno saliente (en uno de sus últimos actos) asignó a Arsat espectro para 5G. Este sí es un activo muy atractivo. Aunque habrá que ver si no se le cambia el destino, habiendo alternativas para darle un mejor uso.

Por otra parte, hubo “revuelo” esta semana por la llegada de Starlink. Cabe recordar que originalmente, el inicio de sus operaciones en Argentina estuvo previsto para el último trimestre del 2022. Cosa que no sucedió. En enero del 2023 se anunció que el inicio de operaciones se había postergado hasta el 2024. No hubo mayores precisiones, pero resultó bastante evidente que desde la empresa propiedad de Elon Musk decidieron sentarse a esperar un cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque Starlink, aunque legalmente está habilitada para operar, quedó estancada ante la falta de respuesta de Arsat en cuanto a la coordinación técnica necesaria. Algo que es visto en el sector como una medida pararregulatoria que le impide a la empresa poder comenzar a operar. Conocido el perfil ideológico del nuevo gobierno, es probable que esto cambie en el corto plazo.

También fue notable la danza de nombres para ocupar puestos en el gobierno con incidencia en el sector de las telecomunicaciones. Aquí sonaron quienes ya estaban trabajando en estos temas cuando el presidente electo era candidato, pero también dos “grupos” de exfuncionarios: uno asociado a los 90s de las privatizaciones y el inicio de la competencia, otro asociado a la gestión “convergente” del expresidente Macri. Parece que hay varios jugando a la silla musical. Hasta habría que ver si el Enacom queda bajo la órbita del ministerio de infraestructura, ya que sería un tanto raro que los medios estuvieran bajo ese paraguas.

Es demasiado pronto, y con temas mucho más urgentes en la agenda, para tener definiciones en todos los temas. Habrá que estar atentos a cuántas se producirán antes de la asunción del presidente electo.

(*) Enrique Carrier: Analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Además, es el editor de “Comentarios”, el newsletter semanal y blog de Carrier y Asociados