Al cierre de esta, la última edición de Comentarios de 2023, son pocas las certezas respecto de lo que atañe a las políticas relativas al sector de parte del nuevo gobierno. Ni siquiera están definidos los nombres que ocuparán los puestos clave (amén de eventuales cambios en el organigrama), con lo que mucho menos las políticas que se llevarán adelante. Sin embargo, puede hacerse un ejercicio de futurología en base a distintos elementos como para imaginar el 2024 que ya asoma.

Algo que se da por descontado es el fin del DNU 690. No sólo porque resultó ser abstracto en su alcance ante las distintas medidas cautelares en su contra, así como un fallo en primera instancia. También porque va en contra del espíritu del nuevo gobierno, quien dejó en claro en diversas oportunidades a través de no sólo el presidente sino también de sus integrantes que no habrá controles de precios porque es algo que nunca funcionó. Y si algo pretendió el DNU fue controlar los precios a través del control de los aumentos. El tema es cuál será el mecanismo para anular sus efectos. Es más un asunto de cómo que de qué.

Donde hay espacio para dudas es en el manejo de las telecomunicaciones dentro del organigrama gubernamental, como consecuencia de las modificaciones a la ley de ministerios a través del decreto 8/2023. En el mismo, el tema es mencionado tanto bajo las competencias de la jefatura de gabinete de ministros como del ministerio de infraestructura. En el art. 16 inc. 30 se menciona que el jefe de gabinete entiende en el diseño y ejecución de políticas relativas a las tecnologías de la información e interviene en las telecomunicaciones. Más adelante, en el art. 21 inc. 59, entre las competencias del ministerio de infraestructura está “entender en el diseño de políticas y en la elaboración de instrumentos de regulación, estandarización y coordinación del sector de las telecomunicaciones, de los servicios de comunicación audiovisual, de los servicios postales y del desarrollo satelital, en el ámbito de su competencia”. No está tan claro hasta dónde llega cada uno, ni si el Enacom seguirá dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Pero hay un dato cierto: el desarrollo satelital pasaría al ámbito de infraestructura, que en el gobierno anterior estuvo bajo la secretaría de innovación.

Que el tema satelital vuelva a la órbita (sin intención de chiste) que le corresponde, es una buena noticia. Es en definitiva una tecnología más de las telecomunicaciones. Como tal y vista integralmente dentro de las alternativas de conectividad, es probable que se avance rápidamente hacia una apertura de hecho de los cielos que contraste con la política intermediadora que llevaba adelante Arsat y que fue la causa de fondo por la que Starlink no operó en el país a pesar de tener satélites sobrevolando el territorio nacional desde hace 2 años. Esto eliminaría las barreras para que otros satélites y/o constelaciones comiencen a prestar servicios en el país, como es el caso del Jupiter 3 (recientemente lanzado y con cobertura sobre Argentina) o de las constelaciones OneWeb (ya operativa) o Kuiper (no operativa, pero en proceso de despliegue). Un aumento de la oferta que será más que bienvenido en un país cuyas exportaciones provienen mayormente de áreas remotas (agro, minería y energía) y cuya gran extensión geográfica y baja densidad poblacional son un escollo insalvable para las tecnologías terrestres.

Lógicamente, hay mucha expectativa en relación con lo que ocurrirá con Arsat. Esta se debe no tanto a menciones específicas que se hicieran durante la campaña sino más bien por los lineamientos generales respecto de las empresas públicas. Más allá de lo que se decida, es de esperar que quien asuma la gestión realice inicialmente una evaluación detallada de sus números para tener un diagnóstico preciso. Porque si bien se dijo que Arsat había tenido un importante aumento de sus ingresos durante la gestión anterior, quedan algunos puntos por aclarar. Por ejemplo, si esa evolución de ingresos estuvo ajustada por inflación. Pero más allá de esto, conviene recordar que ingreso no es ganancia. A esto se suma que, según lo expresado por algún miembro del directorio del Enacom, gran parte de esos ingresos de Arsat correspondieron a transferencias del ente regulador. Por otra parte, algunos de esos ingresos fueron devengados, pero no realizados, ya que, según la misma fuente, empresas como la TV Pública y la TDA no habrían pagado por los servicios recibidos y sólo habrían acumulado deudas. En consecuencia, se impone un análisis detallado de los números del operador estatal de telecomunicaciones, independientemente de que se decida o no avanzar con una privatización.

Por su parte, los operadores de telecomunicaciones, aún en el mejor de los escenarios a mediano y largo plazo, se enfrentan en el corto a uno complejo, como sucede con casi todos los sectores de la economía. Una inflación que se espera se acelere, consumidores con menores ingresos disponibles y una devaluación del dólar que hará más complejo llevar adelante las inversiones en actualizaciones y nuevos despliegues. Al menos, los operadores móviles podrán celebrar que cerraron el tema espectro para 5G (pago incluido) antes de la devaluación de diciembre.

Aunque más en el campo de la política industrial, lo que ocurra con Tierra del Fuego lógicamente también tiene su impacto en las telecomunicaciones, más precisamente, las móviles. Quienes operan en la isla ya vienen de una situación compleja, donde la falta de dólares impactó en los niveles de producción de celulares, los cuales habrían caído en el 2023, según estimaciones del sector, alrededor de un 15%. Pero la cosa amenaza con agravarse en los próximos meses ante la falta de pago a los proveedores del exterior, lo que sin dudas impactará en el suministro para los primeros meses del 2024. En el complejo escenario macroeconómico del año entrante, la duda es entonces si va a caer más la demanda que la oferta. Más allá de este cuadro complicado para quienes producen en Tierra del Fuego, y a pesar de lo que muchos imaginan, no parece probable que haya cambios en el régimen industrial de la isla. No obstante, sí podrán darse otros cambios que la impacten. Una unificación cambiaria (que ocurrirá tan pronto como sea posible) disparará un crecimiento del contrabando de celulares, como ya lo hizo en el pasado, cuando superó los 2 millones de unidades anuales. La brecha cambiaria es un gran incentivo para la producción fueguina. Ni que hablar si se avanzara hacia una reducción impositiva y arancelaria que bajara el costo de los productos importados. No obstante, nada de esto parece que fuera a producirse en los primeros tiempos de la gestión que recién comienza.

Como viene sucediendo desde que el actual presidente ganó las elecciones, son muchos los nombres que se barajan como funcionarios, pero sin confirmaciones aún. Lo último que circuló fue la designación de Ignacio Cingolani al frente de lo que sería la Subsetic (que no se sabe si seguirá existiendo y si lo hace, bajo qué nombre), dentro del ministerio de infraestructura. Si así fuese, no sería la mejor noticia para el sector. Si bien se trata de un funcionario que estuvo en diversas áreas a lo largo de su carrera, su experiencia en el sector más reciente fue una década atrás, cuando fue Director Nacional de Planeamiento y Desarrollo del AFSCA (hoy Enacom), aunque con el foco puesto en los contenidos y no en la infraestructura. Y previamente, su experiencia fue en el Comfer. Por lo tanto, sin antecedentes en infraestructura de telecomunicaciones. Salvo que en realidad su destino sea el Enacom. Pero, aun así, sería poco feliz que el Ente fuera liderado por alguien con antecedentes en el mundo de los medios y no de las telecomunicaciones, tal como viene repitiéndose desde su creación en 2015. Un déjà vu bastante recurrente. De todos modos, al cierre de esta edición, no había confirmación oficial de esta designación ni de ninguna otra que impacte en el sector.

Entre indefiniciones, operaciones mediáticas, reparto de poder y autopostulaciones, lo único concreto es que oficialmente no hay noticias de organigramas y funcionarios para el sector. Mucho menos entonces de políticas específicas. Algo que da la pauta del nivel de prioridad de éste, lo cual de por sí no es llamativo habida cuenta de las urgencias que tiene por delante el nuevo gobierno. En definitiva, habrá que seguir esperando pacientemente.

(*) Enrique Carrier: Analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Además, es el editor de “Comentarios”, el newsletter semanal y blog de Carrier y Asociados