Primeros pasos

Por Enrique Carrier*

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Los 54 días que pasaron desde la asunción del actual gobierno estuvieron marcados por medidas que típicamente surgen de tal situación y más aún si hay también un cambio de signo político. Con demoras en nombramientos (todavía no completados), decepciones por medidas esperadas que no llegaron, algún que otro ida y vuelta aún no terminado y también sorpresas.

Visto desde la perspectiva del sector de las telecomunicaciones, la cosa arrancó con algo de decepción. Todos imaginaban que con el DNU 70/2023 vendría una medida que dejara sin efecto el DNU 690/2020. Se trata de una norma que, más allá de su nula aplicación como consecuencia de medidas cautelares y sentencias judiciales, no hizo más que enturbiar un escenario de por sí complejo desde la macro de los últimos años. Pero no hubo nada. Ninguna mención. Aparentemente la demora responde a criterios técnicos y no políticos. Según algunos abogados, debe analizarse el estado de acciones administrativas y judiciales vinculadas al 690 y las contingencias emergentes de las mismas. En este sentido, no es lo mismo una derogación que una anulación. Algunos sostienen que la diferencia jurídica no es menor, ya que la derogación implica la extinción de la norma en el futuro, mientras que la anulación implica su extinción retroactiva. En el primer caso las contingencias generadas por la norma seguirían vigentes. No por nada, uno de los objetivos de la intervención del Enacom (más sobre esto en los próximos párrafos) tiene que ver con “analizar las consecuencias del DNU 690 y proponer una resolución del tema”.

En cambio, el DNU 70/2023 solo modificó aspectos de impacto mucho más acotado vinculados a las telecomunicaciones. Una fue incorporar a los servicios satelitales de radiodifusión (léase TV satelital) como servicio TIC. Por el momento, esto complica a DirecTV, cuyo servicio pasó a ser servicio público por impacto del DNU 690 todavía vigente. Para los operadores de telecomunicaciones como Movistar o Claro, que años atrás hubieran apostado fuertemente a la TV satelital, el cambio en la regulación llega demasiado tarde. Hoy el foco es la fibra y sobre ésta ofrecer IP TV. No obstante, la medida introduce un factor positivo: regular por servicio y no por tecnología.

También es importante para el sector satelital la liberalización de la prestación de facilidades satelitales. Esto es, la infraestructura en tierra que conecta a los satélites con las redes terrestres de fibra óptica y, a través de éstas, a Internet. Antes, para desplegar y/o utilizar gateways en tierra hacía falta una autorización (que en la práctica se convertía en una barrera) mientras que ahora sólo se exige su registro para coordinar uso de frecuencias y evitar interferencias. Este cambio fue visto como un guiño a Starlink. No obstante, en las últimas semanas de la gestión anterior, Arsat firmó los acuerdos que faltaban tanto con Starlink como con Kuiper y OneWeb, por lo que todas estas constelaciones satelitales pasaban a estar en condiciones de operar en el país. Más allá de estos nombres, desde el dictado del DNU 70 hubo registros de otros satélites con cobertura sobre Argentina, con lo que en los próximos años la oferta satelital debería crecer considerablemente.

Ya entrados en 2024 empezaron a conocerse las primeras designaciones de funcionarios para el sector. Ocurrió luego de algunas semanas que tuvieron mucho de juego de la silla, con nombres que daban vueltas pero iban siendo descartados. Donde primero llegaron los nombres concretos fue en la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad (SCC), dependiente entonces del Ministerio de Infraestructura. No obstante, las intrigas palaciegas llevaron al despido del ministro, a la disolución del Ministerio y la absorción de éste por parte del de Economía. Además del cambio formal en el organigrama, también trajo aparejado un acomodamiento en el reparto de poder. Todo sucedió apenas unos días luego de la primera reunión del  gobierno con cámaras y empresas de telecomunicaciones, donde éstas plantearon su situación y acercaron sus demandas. Estos movimientos podrían llevar a que la SCC tuviera una ubicación más lógica debajo de la Jefatura de Gabinete, o quizás debajo de la Secretaria de Innovación (de quien depende el Enacom) y evitar así el doble comando político para el sector, con la Secretaría dependiendo de una estructura distinta a la del Enacom. Tampoco habría que descartar que en este barajar y dar de vuelta, el Enacom asuma las funciones de la Secretaría y ésta desaparezca bajo el accionar de la “motosierra”.

Más allá de todo esto, sin duda que el plato fuerte para el sector fue el anuncio esta semana de la intervención del Enacom. Sus objetivos son tanto técnicos como organizacionales, y en algún caso hasta podrían ser judiciales. Se busca una salida sin sobresaltos del DNU 690, pero también relevar los procesos judiciales y administrativos pendientes para no sólo resolverlos sino también repensar esos procesos. Desde el punto de vista regulatorio, y en línea con los criterios ideológicos del actual gobierno, se buscará “desmalezar” regulaciones con el objetivo de simplificar y no entorpecer las inversiones en infraestructura.

También se busca definir una nueva estructura del ente regulador. En la búsqueda expresa de una mayor profesionalización y eficiencia del ente, seguramente haya una evaluación de la cantidad de personas en la nómina del ente. De considerarse un redimensionamiento, la tarea no sería sencilla. Debería contemplar los distintos regímenes laborales de los empleados según el regulador al que pertenecieron antes de la convergencia de AFSCA y AFTIC en el Enacom y, por lo tanto, las alternativas para hacer viable esa reestructuración en cada caso.

Por otra parte, y yendo más a fondo en el espíritu buscado para el ente regulador, de la lectura del decreto de intervención queda la sensación de que habrá un foco mayor en la infraestructura que en los contenidos. Esto podría implicar una suerte de vuelta al pasado con un regulador de infraestructura y otro de contenidos (CNC/AFTIC y Comfer/AFSCA). No obstante, no habría que descartar que el tema contenidos fuera materia de otros ámbitos ya existentes, quedando el Enacom vinculado sólo a la infraestructura (cableada, inalámbrica y satelital). De todos modos, que este objetivo llegue a materializarse o no dependerá de factores y voluntades que exceden a la intervención.

Más allá de medidas de fondo en cuanto a perfil y funcionamiento, la intervención implicará además una suerte de auditoría general aunque también en particular, apuntando al manejo del dinero del FFSU y FOMECA. Esto aparece como la primera medida de la intervención. Una medida que sorprendió (y encendió algunas alarmas) considerando la relación entre el presidente y el massismo, que dirigió los destinos del Enacom en los últimos 4 años.

Desde la oposición al gobierno hubo críticas hacia la intervención, no tanto por sus objetivos (al menos no manifiestamente) como por sus formas. La crítica pasa por no conformar el directorio del Enacom tal como lo prevén las normas, con participación de las primeras minorías parlamentarias. El argumento del gobierno es que con la intervención se busca ser más expeditivos. Por experiencias previas, la designación de los representantes de las minorías suele demorar bastante más de lo esperable. De todos modos, más allá de las formas, el Enacom está diseñado para responder al Poder Ejecutivo, nombrando a la mayoría de los directores, lo que le asegura el control de las decisiones. En definitiva, fue diseñado con un esquema de reparto de poder que parece ser inclusivo pero termina siendo un brazo ejecutor del Ejecutivo.

En cuanto a los elegidos para llevar adelante la tarea, da la impresión de que se armó un esquema con un representante de la mesa chica del poder político como es Martín Ozores (a quien se vincula directamente con el asesor presidencial Santiago Caputo). Aunque los medios lo vincularon con Movistar, en realidad es un ex Bellsouth que dejó la empresa poco tiempo después de la fusión de ésta con Telefónica, en 2005. Hace 19 años. Era gerente de producto. Todo esto puede verificarse en su Linkedin (cosa que pocos hicieron). Se trata de una persona con antecedentes profesionales en la industria tecnológica aunque sin experiencia en la gestión pública. Es por esto quizás que se lo ha secundado de dos especialistas. Por un lado, Patricia Roldán, una funcionaria con 30 años de carrera en el área jurídica del regulador, donde llegó hasta Directora de Legales, lo cual seguramente le permite conocer el funcionamiento y los casos al detalle. Por el otro, Alejandro Pereyra, abogado especializado en el sector y con un paso previo como director del Enacom por el oficialismo durante la presidencia de Mauricio Macri.

Por lo que se ve, además de mantener el funcionamiento normal del Enacom, al triunvirato de la intervención se le han dado objetivos importantes y complejos para llevar adelante con transformaciones que podrían ser profundas. Un semestre (180 días corridos) parece poco tiempo. Aunque podría ser prorrogado “por única vez” por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (de quien depende), perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Habrá que ver qué tipo de ente regulador resulta de la intervención. Por los objetivos planteados, da la impresión de que se vienen cambios importantes. Empezaremos a ver si esto efectivamente es así en las próximas semanas.

(*) Enrique Carrier: Analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Además, es el editor de “Comentarios”, el newsletter semanal y blog de Carrier y Asociados