Adelantos de una nueva etapa

Por Enrique Carrier*

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Esta semana tuvo lugar el Internet Day 2024, organizado por CABASE. Además de los contenidos y acciones habituales de este evento, en esta ocasión adquiría un interés adicional al ser el primero que tenía lugar desde la asunción del actual gobierno. De hecho, fue la ocasión para la presentación en sociedad de las nuevas autoridades vinculadas al sector: Alejandro Cosentino, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología; Héctor Huici, subsecretario de Conectividad y Telecomunicaciones; Juan Martín Ozores, interventor del Enacom, y Santiago Pordelanne, subsecretario de Economía del Conocimiento. O sea, toda la plana mayor del gobierno vinculada al sector para satisfacer las expectativas en cuanto a cuál será el espíritu de la gestión que se inicia.

Ariel Graizer, presidente de CABASE, arrancó su discurso reconociendo el valor de la derogación del DNU 690 (lo que se tradujo también en un aplauso espontáneo del público presente). Luego siguió con el problema de la presión fiscal, afirmando que el negocio del acceso a Internet soporta una carga tributaria promedio de 41,5%, variando entre el 38,6% y el 44,5% según factores diversos como el tamaño de la empresa, el modelo de prestación del servicio, la estructura de costos y la localización geográfica. Así, más del 40% del precio que paga el consumidor por su servicio de acceso a Internet son impuestos y tasas. Son datos que surgen de un informe realizado por el Centro de Estudios en Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata (CEFIP-UNLP), contratado puntualmente por la cámara. Lógicamente, también bregó para la eliminación de trabas a los despliegues (un clásico ya de los reclamos de los operadores).


Ariel Graizer, presidente de CABASE, en el Internet Day 22024

Desde los representantes del gobierno, el mensaje, en línea con su postura ideológica, fue claro: “crear las condiciones no es intervenir en el negocio”. Aspiran a poner en práctica una regulación moderna, que le quite el pie de encima a las empresas y que les permita competir, destacando el valor de contar con reglas claras. No obstante, se recalcó la complejidad que implica desenmarañar la gran variedad y cantidad de normas que pesan sobre el sector.

Por otra parte, se mencionó que en las primeras reuniones con los representantes del gobierno, el sector planteó quejas respecto del Fondo del Servicio Universal. En este aspecto, en el gobierno están estudiando reformularlo para convertirlo en una fuente de financiación específica para la industria, generando préstamos para los operadores y evitando las discrecionalidades.

No obstante, los representantes del gobierno afirmaron que detectaron 14 cámaras empresarias dentro del sector, destacando que el DNU 690 tuvo el mérito de que la industria se pusiera de acuerdo y que eso no se debería perder. Por el contrario, se instó a las empresas a colaborar entre sí y no siempre recurrir a la intervención estatal, especialmente entre empresas de distinto tamaño.

En línea con los tiempos que corren, el tema satelital no podía estar ausente. En promedio, los trámites de habilitación de nuevos satélites tenían 2 años y medio de proceso como consecuencia de que Arsat no quería competencia, aun cuando el producto fuera distinto al del operador estatal. Las últimas medidas tendientes a facilitar el inicio de operaciones generaron entusiasmo por una multiplicación de la oferta satelital que no sólo ofrecerá más alternativas, sino que esta competencia impactará también en los precios. Algo que ya se puede comprobar, aun cuando todavía muchos de estos satélites no están operando comercialmente.

Por otra parte, el contexto macro, el sectorial y la dinámica de la competencia (especialmente por parte de los grandes operadores) está llevando a una consolidación de la oferta, con muchos pequeños operadores que están a la venta (y en algunos casos encuentran quienes los compren).

En resumen, de lo escuchado tanto en las presentaciones como en las charlas informales en los pasillos quedó en claro que, más allá de los problemas de siempre (trabas a los despliegues, presión impositiva, uso de los fondos del Servicio Universal, etc.) el problema de fondo está fuera del alcance de las autoridades sectoriales y es el de la macro. El ajuste de la economía se hace sentir en los bolsillos y eso se traduce en una fuerte presión por parte de los consumidores para obtener promociones en los precios en muchos casos (“arde el call center”) y, en menor medida, mora en los pagos. Por ahora, afirman desde las empresas, las bajas del servicio no son tantas. No obstante, sí se comentaba que las bajas que se dan lo hacen en primer lugar en los servicios de TV paga y luego recién en el acceso a Internet, en cuyo caso la conectividad queda circunscripta a la obtenida a través de los celulares. Así, vuelve a cobrar vigencia la vieja frase que decía “hay que pasar el invierno”.

(*) Enrique Carrier: Analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Además, es el editor de “Comentarios”, el newsletter semanal y blog de Carrier y Asociados