Repensando el Servicio Universal

Por Enrique Carrier*

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Desde la asunción del actual gobierno, en materia de telecomunicaciones no hubo muchos avances en medidas concretas (aunque hay que destacar la apertura satelital y la derogación del DNU 690), pero sí un foco “hacia adentro”, especialmente en el Enacom, donde la orden fue achicar estructuras (físicas y de personal) y simplificar procesos, además de desmalezar.

No obstante, desde el comienzo de la intervención del Enacom se menciona que está bajo estudio una reformulación del Fondo del Servicio Universal (FSU). Como paso previo, se llevó adelante una auditoría sobre el destino de los fondos en la cual habrían encontrado una serie de irregularidades. Pero más allá de este “revisionismo”, todavía no se conoce un plan concreto respecto de cómo administrar el fondo en adelante.

Una de las alternativas que se barajan es la de usarlo, al menos parcialmente, para subsidiar la demanda, a diferencia de lo que sucedió hasta el momento, donde el foco estuvo puesto en la oferta. Si bien el concepto de subsidio a la demanda está en línea con el pensamiento del actual gobierno, hay que ser prudentes en cuanto a expectativas.

Tomando las cifras entre el 2016 y el 2023, se obtiene que anualmente se recaudaron en promedio unos US$ 73 millones anuales [ver “Fondo con fondos”]. En caso de que el subsidio para un hogar fuera de unos US$ 10 (equivalente a unos $ 10.000 al cambio oficial), ese monto alcanzaría para subsidiar unos 600.000 hogares anualmente. Esto si fuera destinado a conectividad fija, a través de un subsidio por hogar. Si la intención fuera subsidiar a la demanda para el uso de líneas móviles, tomando un subsidio de US$ 4 (equivalente al ARPU), se podría beneficiar a 1,5 millón de personas. A modo de referencia, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene unos 3,8 millones de beneficiarios.



Por otra parte, destinar los fondos a subsidiar la demanda sirve para cerrar la brecha socioeconómica, pero no impacta en la brecha geográfica, la cual se da en las zonas donde no hay infraestructura. Esto obliga a pensar que no sería adecuado únicamente subsidiar a la demanda para resolver los problemas de brecha digital. Por lo tanto, sería razonable que los subsidios a la demanda fueran sólo una porción del total de fondos disponibles, si bien implicaría que los potenciales beneficiarios fueran significativamente menos.

Sin embargo, los cambios en el ecosistema de conectividad como consecuencia de la apertura de los cielos en materia satelital potenciaron una nueva modalidad de acceso que puede requerir de una mucho menor inversión en el subsidio de oferta. Es que más allá del desembarco de las constelaciones LEO como Starlink y OneWeb, a los que se sumará Kuiper en el 2025, la mayor competencia también trajo como consecuencia una baja de precios de las alternativas GEO tradicionales, tanto en lo que es costo de instalación como de abono mensual. La tecnología satelital es más que viable en localidades alejadas, donde la conectividad provista puede ser ampliada localmente a través de soluciones de WiFi comunitario. Por lo tanto, no puede ser obviada como alternativa.

En definitiva, el manejo del Fondo del Servicio Universal, más allá de un tema político es un tema económico, entendiendo como tal a la administración de recursos escasos. Un desafío que deberá afrontar el Enacom.

(*) Enrique Carrier: Analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Además, es el editor de “Comentarios”, el newsletter semanal y blog de Carrier y Asociados