En la dulce espera

Por Enrique Carrier*

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En las últimas semanas, en diversas charlas informales entre gente vinculada a la industria de telecomunicaciones, tanto desde el sector privado como del público (en este último caso, de gobiernos extranjeros) se repite la ansiedad que genera la falta de propuestas concretas en relación a temas que hacen al sector.

Esto sucede debido a que, próximos a cumplir 9 meses en la administración, sólo hubo dos medidas de impacto: la apertura de los cielos satelitales y la derogación del DNU 690. Ambas medidas fueron simples de ejecutar técnicamente (a diferencia de otras que exigen quizás la redacción de reglamentos o de normas con más precisión y profundidad técnica) y que otorgaron resultados inmediatos. En el caso satelital, la apertura llevó al disruptivo desembarco de Starlink así como al anuncio de diversas llegadas de nuevos satélites que con distintas tecnologías ofrecerán sus servicios en Argentina. Por su parte, la derogación del DNU 690 tuvo un doble impacto. El más notorio fue que terminó con una contingencia que existía para aquellos operadores que estaban amparados por medidas cautelares, pero que como tales no eran definitivas. Asimismo, significó un alivio para quienes estaban obligados a cumplirlo por carecer de cautelares, sea porque habían respetado los aumentos autorizados, sea porque habían aumentado por encima, estando fuera de lo que marcaba la norma.

Desde el punto de vista organizacional, donde más estabilidad hubo fue en el Enacom, cuyo interventor sigue siendo el mismo que fuera nombrado originalmente, Martín Ozores. No obstante, a los 6 meses de iniciada la intervención, fueron dados de baja los dos interventores adjuntos adicionales para dejar a Ozores como único interventor. Distinto fue el caso de la Secretaría de Comunicación y Conectividad, dependiente del extinto Ministerio de Infraestructura, brevemente (hasta abril) al mando de Ignacio Cingolani. Luego pasó a ser Subsecretaría, dependiente de la Secretaría de Innovación y a su vez de Jefatura de Gabinete (aunque por un momento estuvo en un limbo y no estaba claro si lo hacía del Ministerio de Economía), a cargo de Héctor Huici (hasta agosto). Recientemente esta mutó en Subsecretaría de TIC, ocupada por César Gazzo Huck. Tantos cambios de organigrama, jerarquía, alcance y nombres atentaron contra la productividad de ésta. Por el lado de Arsat, desde la asunción del gobierno ya tuvo tres directorios: el heredado de la gestión anterior, uno nuevo a partir de febrero y el actual, vigente desde fines de julio. Esta situación permite llegar a dos conclusiones. La primera, es que es difícil avanzar en una política para el sector entre tanta inestabilidad organizacional. La segunda, es que el “hombre fuerte” del sector en el gobierno es sin dudas Martín Ozores, el único que logró estabilidad en todos estos meses.

Dentro de lo que va de su gestión, primero en triunvirato y ahora en soledad, el foco del Enacom estuvo más puesto en la mirada interna, donde la orden es achicar estructuras (físicas y de personal) y simplificar o desmalezar. En su reciente participación del Encuentro de Telecomunicaciones 2024, que tuvo lugar en Córdoba, el funcionario desarrolló las próximas líneas de trabajo, basadas en cuatro ejes: desregulación, reestructuración, modernización y desarrollo del mercado. Por ahora son líneas de trabajo, pero sin medidas específicas.

También mencionó específicamente “un plan estratégico para la implementación de programas dirigidos hacia la demanda de servicios TIC, con la reducción de la brecha de conectividad como objetivo principal”. Aquí pareciera insinuar (y no sería la primera vez que lo hace) que se apunta a un subsidio a la demanda como parte del uso del Fondo del Servicio Universal. Más allá de las limitaciones en el alcance de un subsidio a la demanda en términos de beneficiarios, este enfoque tiene la debilidad de no propiciar el despliegue de infraestructura en las zonas desconectadas. Los beneficiarios del subsidio podrán usufructuarlo únicamente allí donde ya existen redes y operadores. Si no los hay, ese subsidio no tendrá en qué usarse.

Una medida que se confirmó e impactará en el sector de las telecomunicaciones es que estará incluido en el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones). Si bien existían dudas respecto de si el sector sería alcanzado, esto fue confirmado por el decreto 749/24 que específica que el RIGI resultará aplicable a las grandes inversiones en proyectos del sector de infraestructura física, incluyendo a las telecomunicaciones. El mismo ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años, para atraer proyectos que superen los US$ 200 millones. Lógicamente, y como ocurrió con otros sectores de actividad, quienes no ven esto con buenos ojos son las PyMEs y cooperativas, que lejos de poder realizar inversiones de esta magnitud quedan fuera de este beneficio. Consecuencia de los tratos asimétricos.

Más allá del RIGI, que beneficiará a muy pocas empresas, la industria en su conjunto espera medidas en pos de la expansión y actualización de la infraestructura terrestre. Se trata de medidas que son más complejas de diseñar e implementar, por lo que las demoras en la definición de funcionarios clave para la regulación del sector, sumadas al foco inicial en la mirada hacia dentro del Enacom, lógicamente pasan factura. De todos modos, también es cierto que en el corto plazo lo mejor que puede hacer el gobierno es terminar de ordenar la economía para que, además de bajar sustancialmente la inflación, encuentre un camino de crecimiento sostenido. Eso tendría más impacto inmediato que cualquier otra medida específica para el sector, cuyos efectos serían de mayor plazo. Habrá que esperar, pero idealmente no tanto.

(*) Enrique Carrier: Analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Además, es el editor de “Comentarios”, el newsletter semanal y blog de Carrier y Asociados