La regulación (yanqui) que se viene

Por Enrique Carrier*

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Con la elección de Donald Trump en los EEUU comenzó la designación de las futuras autoridades en distintas áreas de gobierno. En el caso de la FCC (autoridad regulatoria similar al Enacom) el nombrado fue Brendan Carr. El elegido fue el autor del capítulo comunicaciones en la plataforma electoral de Trump. Por lo tanto, el mismo es de interés porque traza los lineamientos de lo que será su gestión que, por el rol de los EEUU en el mundo tecnológico, tendrá impacto más allá de sus fronteras.

Carr fue durante años comisionado de la FCC (algo similar a los directores del Enacom), lo que lo convierte en un presidente del ente con conocimientos previos del sector y su problemática. Algo muy distinto a lo que sucede acá, que desde la creación del Enacom siempre fue dirigida por funcionarios con poca o nula experiencia previa. En el documento, Carr definió cuatro ejes de lo que será su gestión: controlar las grandes empresas tecnológicas, promover la seguridad nacional, liberar la prosperidad económica, y garantizar la rendición de cuentas y el buen gobierno de la FCC.

Respecto del control de las grandes empresas tecnológicas, Carr sostiene que la FCC tiene un importante papel que desempeñar en la lucha contra las amenazas a la libertad individual que plantean las empresas que abusan de una posición dominante. Allí afirma, no sin razón, que es difícil imaginar otra industria en la que exista una mayor brecha entre poder y responsabilidad (o más precisamente rendición de cuentas, ya que el término utilizado es “accountability”). Entre otros puntos, sostiene que las grandes tecnológicas actúan como una gran caja negra lo que las lleva a la manipulación de datos, la arbitrariedad en el manejo de posts y cuentas, así como en los cambios de condiciones para sus usuarios, lo que puede desmonetizar individuos que han arriesgado su capital e invertido su trabajo para construir negocios online. Por lo tanto, impulsará leyes para que las empresas de Internet dejen de tener carta blanca para censurar. Dentro de las reformas propuestas en este aspecto, sostiene que se debe devolver a los usuarios de Internet el poder de decidir por sí mismos y controlar sus experiencias online. Finalmente, y acá viene un tema álgido de los últimos tiempos, apunta a exigir que las grandes tecnológicas empiecen a contribuir una parte justa (el famoso fair share). Esgrime un argumento no habitual sostiene que aunque las tecnológicas obtienen un gran valor de las inversiones del gobierno federal en el servicio universal para distribuir sus productos y obtener importantes beneficios, han evitado contribuir al programa. Una decisión que quedará en manos del Congreso.

En cuanto a la promoción de la seguridad nacional se trata mayormente de la profundización de medidas ya existentes. Estas incluyen el abordaje de la amenaza de TikTok sobre la base de que proporciona a China la oportunidad de influir en el extranjero determinando las noticias y la información que se difunden. También sostiene la necesidad de ampliar la lista de equipos y servicios de comunicaciones que plantean un riesgo inaceptable para la seguridad nacional. Adicionalmente, impulsa que la FCC prohíba cualquier interconexión con un proveedor considerado inseguro. En cuanto a las restricciones de ciertos proveedores, caso Huawei, propone aumentar los fondos para el programa de “Rip & Replace” (literalmente, arrancar y sustituir) que financia el recambio de equipos chinos actualmente instalados, mayormente en ISP y telcos PyME. El programa ya existe, pero se quedaron cortos con los fondos asignados. Por supuesto, las propuestas en este aspecto son varias, pero todas en línea con lo ya vigente, lo que indica que el tema seguridad nacional es una política de Estado, independientemente de quién esté en el poder.

Dentro del capítulo relativo a la liberación de la prosperidad económica, las propuestas giran principalmente alrededor del manejo del espectro así como de las facilidades para el despliegue de redes, tanto cableadas como inalámbricas. Esto incluye el espectro a liberar para servicios comerciales y establecer un cronograma agresivo para su asignación, una mayor coordinación (para evitar los problemas que hubo con la banda C), modernizar las reglas para infraestructura (básicamente actualizar las normas y permisos que agregan costo y tiempo a los despliegues, algo que nos emparenta) y potenciar el liderazgo de EEUU en materia satelital a través de una mayor rapidez en la revisión y aprobación de solicitudes de lanzamientos de nuevos satélites.

En cuanto a las medidas para garantizar la rendición de cuentas y el buen gobierno de la FCC, es un punto en el cual mayores paralelismos se pueden encontrar con lo acontecido en Argentina. Una es acabar con las políticas de despilfarro en el gasto de banda ancha, lo que implica, entre otras cosas, adoptar una estrategia nacional de coordinación. También propone corregir la trayectoria reguladora de la FCC y fomentar la competencia para mejorar la conectividad. En este aspecto, considera que la FCC es una agencia con un historial de regulación de mano dura en lugar de confiar en la competencia y las fuerzas del mercado para obtener resultados óptimos. Suena familiar.

Vista desde Argentina, la propuesta de Carr sería aplicable localmente en algunos puntos, particularmente en lo que hace al buen gobierno y en las políticas respecto del despliegue de redes. El control de las grandes tecnológicas está fuera de nuestro control (valga la redundancia) pero impactará de todos modos. En cuanto a los aspectos ligados a la seguridad nacional, es un tema que no está en la agenda local. Al menos por el momento.

La propuesta completa puede verse en más detalle desde acá.

(*) Enrique Carrier: Analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Además, es el editor de “Comentarios”, el newsletter semanal y blog de Carrier y Asociados