Se discutirá la inclusión de los Delitos Informáticos en el Código Penal

Todo comenzó algún tiempo atrás, cuando detalles de la vida privada de altísimos funcionarios del Ejecutivo, un Ministro, un integrante de la Corte Suprema, un ex Gobernador, entre otros, fueron públicamente conocidos por medio del envío de correos electrónicos luego de que sean hackeadas las cuentas pertenecientes a varios periodistas argentinos: Daniel Santoro, Luis Majul, Ernesto Tenemaum, Andrés Kliphan y Pablo Sirvén, entre otros. En ese entonces, más de 30 diputados se reunieron por la causa y se comprometieron a impulsar un proyecto de ley que penalizara la violación de los correos, o la privacidad, asumiendo el vacío legal que hasta el momento existía (y aun existe) al respecto.

Durante un largo tiempo fueron varios los proyectos de ley que durmieron en el Congreso y muchos otros surgieron a partir de que esta contienda tomara un alto nivel de conocimiento público. Las principales críticas de los expertos rondaron en que como es común que los proveedores de Internet conserven correos en sus servidores, que quien tenga conocimiento del tema, puede acceder a leerlos fácilmente en forma remota, porque las medidas de seguridad no son del todo adecuadas. A pesar de ésta y otras críticas, hoy ya se habla de la próxima incorporación de los Delitos Informáticos al Código Penal.

“Es muy bueno que los legisladores se preocupen por resolver los problemas que generan las nuevas tecnologías. ¿Pero a dónde apuntan estos proyectos?", opinaba semanas atrás el abogado especializado en el tema, Martín Carranza Torres, en diálogo con Canal AR. Si el Estado está preocupado por proteger la información que tiene, que implemente medidas de seguridad adecuadas, incluyendo la sanción a los empleados y funcionarios que venden esa información (Ver nota). Si lo que queremos es garantizar la integridad de la información estatal, no hacen falta más leyes, sino implementar mejores políticas de seguridad de la información, la misma o mejor de la que exige para sus ciudadanos. Si en cambio, lo que quiere es proteger la información privada y en particular la de los ciudadanos, lo que tienen que hacer las leyes es garantizar que el propio Estado no se va a meter en ellas”.

Si bien los proyectos no fueron sometidos a pública discusión, los asesores de las comisiones de Legislación Penal, Comunicación e Informática y Libertad de Expresión se reunieron para unificar las iniciativas. Este medio dialogó con una asesora de la diputada Rosario Romero, quien preside la comisión de Legislación Penal. “Se tomaron todos los proyectos y un trabajo interministerial que se realizó hace un par de años atrás. Los giros a comisiones de diputados de los proyectos no eran todos iguales, y como se querían tratar todos juntos, lo que hicimos fue unificarlos”, dijo María José Del Barco. Esa sería la causa del retraso (que ya lleva tres semanas) para que finalmente se lleve a cabo el encuentro de los Diputados para culminar con el debate del borrador y así emitir dictamen el próximo martes.

“El cambio más importante tiene que ver con la modificación de algunos títulos y la incorporación de otros, como por ejemplo, la privacidad que ahora se suma como un bien jurídico tutelado, y antes no estaba. También reformamos varios delitos que ya existían, como el daño, igualamos el e-mail con la carta en papel (castiga al que abra, acceda, se apodere de aquellas en forma indebida, o suprima o desvíe su destino), pero a los efectos de la protección de la privacidad, no porque consideremos que son lo mismo”, dijo la asesora.

En cuanto al fraude y a las estafas, se incorpora el engaño a una máquina y la manipulación de archivos o datos informáticos en beneficio patrimonial propio o para otros, provocando un perjuicio en el patrimonio de un tercero. Y en cuanto al daño, se pretende incluir el castigo a quien impida de cualquier manera la utilización de datos o programas contenidos en soportes magnéticos, electrónicos o informáticos de cualquier tipo o durante un proceso de transmisión de datos. También, a quien venda, distribuya o de cualquier manera haga circular o introduzca en un sistema informático cualquier programa destinado a causar daños en los programas de computación, en los datos contenidos en una computadora, una base de datos o en cualquier tipo de sistema informático.

“Por el lado de la pornografía infantil, se incorpora la pena a quien recreara o distribuyera por medios informáticos imágenes que representen a un menor de 18 años en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas. También se castigará a quien facilite el acceso a espectáculos pornográficos o suministre material a menores de 14 años”, comentó Del Barco.

La asesora también explicó que se reprimirá a quien de manera ilegítima accediere a un sistema o dato informático de carácter privado o público de acceso restringido. Otra de las conductas tipificadas, tiene que ver con el uso de cámaras ocultas: será reprimido quien, para vulnerar la privacidad de otro, escuche, intercepte, transmita, grabe o reproduzca sonidos o imágenes. Las escuchas telefónicas también están incluidas, más allá de que en el pasado se haya intentado impulsar una ley espía en Argentina (Ver nota). La intención es agravar las penas cuando su autor fuese funcionario público o integrante de las fuerzas armadas o de seguridad.