¿Cárcel para los que utilicen wi-fi del vecino?

El Piggybacking, denominado en Inglaterra como el acto de "obtener servicios electrónicos de forma deshonesta con el agravante de no pagar por ellos", parece ser el delito de moda. O al menos el que más busca la policía neutralizar durante estos días. Tal es así que una persona fue arrestada en Redditch, una localidad en el centro de ese país, después de que sus vecinos lo vieran usando una notebook para conectarse a Internet mientras estaba en su coche en el exterior de una casa.

Esta curiosa modalidad delictiva (porque aún las reglamentaciones sobre el tema no son muy claras) también ha tenido lugar en otros países del mundo como EE.UU., España y Singapur. En este último caso, un joven enfrenta una condena a 3 años de prisión tras reconocer que se conectó a Internet sin permiso a través de la red wi-fi de su vecino. El mismo fue arrojado a cumplir el servicio militar obligatorio en su país para atenuar la sentencia definitiva del juez.

Estos casos abren varias aristas de interrogentes. Suponiendo que una persona enciende su notebook dentro de su casa y hace click en "Aceptar" a la pregunta de si desea ingresar a un punto de conexión a Internet wi-fi cercano ¿qué responsabilidad asumiría?

Gran cantidad de foros se han expresado sobre el tema y se encuentran opiniones como esta: "Un ejemplo para el pueblo llano sería que en tu casa tienes una canilla de la que sale agua constantemente. Si está en tu propiedad, puedes hacer uso de ella. Ahora resulta que la factura del agua la paga el vecino, pero él no se ocupa de cerrar la canilla. No deberíamos de ser responsables por la falta de su previsión".

La opinión de este forero hace alusión a que si el dueño de la conectividad wi-fi desea hacer de su red un ámbito seguro, tiene todas las herramientas a disposición. Pero si no lo hace, nadie se va a responsabilizar por ello. Para evitar estos extremos, la policía de esos países aconseja a los usuarios que sigan las recomendaciones de su proveedor de Internet en temas de seguridad. En ese sentido, el consejo básico es que los usuarios de Internet wi-fi bloqueen sus redes por medio de claves.

En España, la reglamentación es aún más contradictoria, ya que no penaliza al que comete el delito, sino a los que pagan por el servicio pero que no toman los recaudos necesarios. La reglamentación sostiene que "aquellos que regalen parte de su ancho de banda a través de redes inalámbricas de código abierto podrán recibir penalizaciones de hasta un año de cárcel".

Esta reglamentación, claro está, ha sido impulsada por las propias compañías proveedoras de servicios. Tal es el caso explícito de la Time Warner Cable, en los EE.UU., que envió a algunos de sus usuarios de cable módem un aviso en el que se advertía que compartir redes wireless con terceros violaba una de las cláusulas del contrato firmado.

¿Quién debe estar protegido? ¿El consumidor o el proveedor? ¿Qué pasa si se interceptan señales de una conexión inalámbrica? Interrogantes que ante el avance cotidiano de las redes wi-fi aún distan de ser presentados claramente.