Especialistas opinan sobre la suspensión de la licencia de Fibertel

La decisión del Gobierno Nacional de dictar la caducidad de la licencia de Fibertel, cuyo millón de abonados tendrán que migrar de proveedor en 90 días, disparó un intenso debate sobre si la medida es correcta o no, si realmente fomenta una mayor adopción de servicios de acceso a Internet, y si es viable que se lleve a cabo en ese plazo. Para tratar de aclarar un poco las aguas, Canal AR se contactó con Enrique Carrier, director de la consultora Carrier y Asociados, Martín Becerra, profesor de las Universidades Nacionales de Quilmes (UNQ) y de Buenos Aires (UBA), y Esteban Russell, consultor legal en Telecomunicaciones.

Según Carrier, quien prefirió no profundizar sobre el punto de vista técnico o político, a su entender el verdadero “fondo de la cuestión”, la forma en que el oficialismo manejó la situación da “la sensación” de “un alto grado de improvisación. Sobre todo, si se mira desde la perspectiva de los abonados, y qué va a suceder con ellos”.

Si bien reconoce que el Gobierno tiene razón cuando dice que hay más de trescientos ochenta operadores de Internet en el país, "es falaz" que los usuarios de Fibertel podrán migrar a otra empresa sin ningún problema. Explicó el por qué: “Estando en Buenos Aires, no puedo optar por un ISP (Internet Service Provider) de Venado Tuerto. En la medida que no tengan una red de acceso hacia mí, puede haber un millón de proveedores, y no voy a poder usarlos”.

Becerra fue aún más duro. Evaluó que la decisión del Gobierno Nacional fue desacertada porque no fomenta una mayor competencia entre los proveedores de banda ancha, sino todo lo contrario. “Es una medida extrema, que no se condice con el accionar de una Secretaría de comunicaciones que fue muy pasiva durante diez años con la hiperconcentración de las telecomunicaciones y de Internet en muy pocas manos. Además, invocó una supuesta vocación de no querer mercados concentrados, pero el efecto será el de una mayor concentración”.

No terminaron ahí sus críticas al organismo. Sostuvo que desde la salida de Henoch Aguiar, hace una década, sus intervenciones fueron “poco cuidadosas en las formas y muy alejadas de cualquier posición inclusiva en lo social o de estímulo a la competencia en lo económico”, y que en el caso particular de Fibertel, que a su entender le correspondía una sanción, la SeCom aplicó la pena máxima de quitarle la licencia, cuando pudo optar por apercibirla. “Si se aplicara el mismo rigor a todos, incluso algunas de las licencias de las telefónicas tendría que ser puesta en tela de juicio”, concluyó.

Repasando la Ley. Para Esteban Russell, pueden hacerse dos lecturas sobre la resolución 100/2010 de la Secretaría de Comunicaciones. Por un lado, la de tinte político, en la que se debe reconocer el “intenso conflicto” entre Clarín y el oficialismo, donde “ninguno de los dos desaprovecha una oportunidad de golpear al otro”. Y por otro lado, la jurídica, de la que se deduce que “Fibertel violó, objetivamente hablando, el Reglamento de Licencias. Esta norma expresa que ante la disolución de una sociedad licenciataria, si no se contó con el permiso previo, su licencia debe declararse caduca”.

Se mostró sorprendido de que Clarín se pusiera “voluntariamente en una posición de debilidad jurídica, que el Gobierno no desaprovechó”. A su entender, la actitud del multimedio es “incomprensible”, “porque inscribió la fusión con Multicanal en 2009, cuando ya estaba enfrentada” con el kirchnerismo. Evaluó que se trata de una medida que impactará con fuerza, ya que generará una gran oportunidad de negocios para otros proveedores, incluyendo a Telefónica, Telecom, cooperativas y pequeñas empresas.

Un millón de usuarios, en espera

Una de las primeras reacciones de los usuarios fue recurrir a Fibertel, o hacer consultas a través de las redes sociales, para saber qué sucedería con su acceso de banda ancha. Para Carrier, “tal como están las cosas hoy en día”, si el servicio efectivamente se suspende dentro de 90 días, “sería como quemar Roma, porque van a dejar miles de abonados desconectados”.

“Si se los obliga a cambiar de red, se tiene que cambiar también el equipamiento, y puedo asegurar que Telecom y Telefónica no tienen un millón de módems esperando un pico de demanda extraordinario. Es impracticable. Entre abril y junio de 2010, todo el mercado creció 140 mil abonados”, sostuvo.

En la misma sintonía se expresó Becerra, para quien “la mudanza de un millón de hogares, básicamente a las dos telefónicas, difícilmente se pueda hacer eficazmente”, teniendo en cuenta que las TELCOS no cuentan con la tecnología y equipos necesarios, ni la estructura y personal para llevarlo a cabo.