Privacidad privada y privacidad pública

Por Enrique Carrier*

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Al igual como sucedió en muchos lugares donde hubo propuestas similares, la existencia de una app para rastrear a personas que pueden estar contagiadas o ser contagiadas por el coronavirus despierta polémicas. En el caso de Argentina, la discusión se potenció debido a que en el relanzamiento de la app CuidAR (ya contaba previamente con 1,3 M de descargas) se incluyó su uso para quienes requieran permisos de circulación, oficialmente “Certificado Único Habilitante para Circulación – Covid-19”. Así, la app pasó de un uso totalmente voluntario a uno casi hasta inducido.

En todos países occidentales [ver: “Rastrear o no rastear”] donde se buscó el aporte de la tecnología móvil vía app surgieron los debates en torno de la privacidad y el manejo que de esta información haría el Estado. La división de aguas estaba asegurada entre quienes se niegan a revelar cierta información al Estado (salud, ubicación, contactos) y quienes sí están dispuestos a hacerlo por el bien común.

Entre estos últimos es común el cuestionamiento hacia quienes muestran reparos. El argumento es que no aplican el mismo celo para ofrecer tanta o más información a distintas plataformas como Google, Facebook y muchas otras, incluyendo bancos y tarjetas de crédito. Éstas hacen de los datos aportados expresamente, más aquellos que surgen de su uso, un recurso invalorable para estrategias de marketing y comerciales. Sin embargo, toda esta información personal en manos de empresas no genera ni por asomo el mismo grado de resistencia.

No obstante, existe una diferencia no menor en que cierta información esté en manos de privados o del Estado. Principalmente porque el Estado tiene un poder coercitivo sobre la población que
las empresas no tienen.  

Una empresa querrá vendernos (o quizás dejar de vendernos) algo. Es una discusión que ya se dio a partir del momento en que el individuo consiente, a sabiendas o no, ceder información personal. A cambio recibe servicios de comunicación, entretenimiento, ubicación, etc., sino gratuitamente (porque algo ofrece en esta transacción), al menos sin un intercambio de dinero. Pero así y todo, cada vez más se tratan de poner limitaciones a la recopilación y uso de esa información.

En el caso del Estado, la situación es diferente porque tiene la posibilidad de influir muy directamente en la vida personal, llegando hasta límites físicos. Por ejemplo, puede establecer restricciones, límites y parámetros a la movilidad. Además, llegado el caso, puede sancionar las violaciones a éstos, incluyendo castigos económicos (como multas). Algo que se hace todavía más delicado si alguna de estas medidas surgiese por algún problema en el funcionamiento de las apps y los sistemas detrás del rastreo pudiendo derivar en decisiones erróneas, como por ejemplo las resultantes de un falso positivo. Por otra parte, si bien ciertos datos solicitados son públicos (nombre, domicilio, DNI) otros están vinculados a la salud, lo cual los hace más sensibles y hasta confidenciales. Corresponden al ámbito privado.

Además de los cuestionamientos de tipo filosófico a la exigencia de uso de este tipo de apps, hay aspectos más prácticos que juegan y tienen que ver con las características y debilidades de la app. Más allá de algunos especialistas que dejaron ver su preocupación en relación con determinados aspectos técnicos de la app, la misma cuenta en Google Play con una puntuación de 2,6 sobre 5, lo que habla a las claras de que hay muchísimo por mejorar. Por lo pronto, quienes están detrás de la app CuidAR seguramente deberán rever algunos de los cuestionamientos técnicos detrás de la misma, así como ser más precisos y restrictivos en cuanto a la utilización que se hará y podrá hacer de los datos obtenidos.

Sin entrar en los aspectos más técnicos de la app CuidAR, los cuales a pesar de los cuestionamientos son corregibles, resta preguntarse cuál es el nivel de aceptación y uso necesario para que pueda impactar de forma significativa en el abordaje de la pandemia. Desde limitaciones de los equipos que podrían dejarlos afuera (ej. almacenamiento disponible, versión del sistema operativo u otras características técnicas) hasta el grado de aceptación de su uso por parte de la población a pesar de su exigencia.

Este último punto es relevante cuando los epidemiólogos consideran que las aplicaciones podrían ser útiles si alrededor del 60% de las personas las usan. En el caso de Argentina, y según la EPH (Encuesta Permanente de Hogares), un 84% de la población utiliza celular (lo que no es lo mismo a tener uno propio). Pero este valor desciende 68% en el grupo de mayor riesgo, los mayores de 65 años. Un grupo donde además apenas un 48% utiliza Internet (sea desde una PC, un celular o una tablet), con lo cual es de suponer que muchos de esos celulares no pueden instalar la app.



Existe el riesgo, además, de que el uso de una app resulte falsamente tranquilizador e induzca a un comportamiento más relajado de las personas usuarias y, por lo tanto, más peligroso.

Con matices, esta discusión se está dando en todos los países occidentales en los últimos tiempos, con similares cuestionamientos. Y generalmente no se logra un acuerdo sobre si deben existir y, principalmente, cómo deben funcionar.

Igualmente, hay que ser realistas con las expectativas. No hay que perder la perspectiva de que el uso de apps es una herramienta más en el combate de la pandemia, pero no ha demostrado aún ser tan importante como otras medidas más convencionales y efectivas, como la responsabilidad individual, basada en el distanciamiento social y la higiene, así como mayor nivel de testeo. Amén de medidas relativas al desconfinamiento que indicarán cómo será el funcionamiento del transporte público o cómo será el regreso a los ámbitos laborales y de estudio en este contexto.

Las urgencias de la pandemia pueden llevar a la experimentación con nuevas herramientas destinadas a la salud pública, como las de vigilancia masiva que permiten, en teoría, las apps. Pero es algo que debe hacerse con precaución para evitar daños colaterales desagradables. Se requiere la misma cautela y precaución que se necesita para encarar nuevos medicamentos o tratamientos. Al fin de cuentas, son una herramienta pensada para la salud pública.

(*) Enrique Carrier: Analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Además, es el editor de “Comentarios”, el newsletter semanal y blog de Carrier y Asociados