Artículo publicado por Enrique Carrier en Comentarios.info

En lo que ya se está convirtiendo en una costumbre inaugurada por la gestión anterior, el fin de año trae novedades relevantes en materia de regulación. Esta vez, con un broche de oro a un año excepcional: reglamentación del DNU 690 que convirtió a los servicios TIC en servicios públicos.

El arranque fue peor de lo esperado por operadores de todo tipo, tamaño y ubicación geográfica debido a dos resoluciones: la 1466, que fija los incrementos en los precios de los servicios, y la 1467, que define la PBU (Prestación Básica Universal y obligatoria) de cada servicio (telefonía fija, móvil, Internet y TV paga). La primera impacta negativamente en los ingresos. La segunda, en los costos. Nada puede salir mal…

Por el lado de los precios, se autoriza un aumento del 5% (8% en algunos casos), lo que claramente estaba muy lejos de lo deseado por los prestadores, que aún a sabiendas que no recuperarían todo el terreno perdido en 2020, no imaginaron una cifra tan baja. No es para menos. La inflación en pesos del año 2020 será superior al 30%. Las mejoras salariales del sector se ubicaron en alrededor del 30% (en algunos casos algo más, en otros menos). Por otra parte, el peso se devaluó en un 39% frente al dólar oficial, utilizado para la compra de tecnología. En otras palabras, costos en pesos y en dólares que crecieron por encima del 30%, pero ingresos que sólo lo harán el 5%. En el caso del precio de la fija y la móvil prepaga, con precios congelados desde diciembre 2019, en el caso de Internet y TV paga, a marzo 2020. Claramente, esta actualización no surgió de un análisis técnico que hubiera contemplado la evolución de los costos en pesos y en dólares, así como tampoco las particularidades de cada grupo de operador, considerando escala, tecnología, área de cobertura.  Es un ajuste político, pensando más en la tasa de inflación que en la viabilidad de una infraestructura clave del mundo actual y futuro. Pero ni siquiera con este enfoque se contempló una actualización de precios en función de segmentos de clientes, para capitalizar aquellos que no tendrían dificultades en pagarla.

Simultáneamente, el gobierno, vía PBU, establece una serie de precios y características de los distintos servicios a un precio más bajo que lo más barato actualmente. Si bien el concepto de PBU es correcto, su modelo de financiación y alcance hacen que sea una medida que traerá mucho conflicto. Se trata de un subsidio privado a la demanda que es financiado por los prestadores. No hay ningún aporte estatal, ni económico (como sí lo hace con otros servicios públicos) ni una resignación fiscal. Pero, el gobierno se mostró muy generoso al identificar a las personas que califican para ser beneficiarias de las PBU. Básicamente se trata de toda aquella persona cuyos ingresos sean inferiores a 2 SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil), que actualmente es de aproximadamente $ 40.000 (unos US$ 450). El listado incluye:

• Empleados en blanco
• Empleados en negro
• Desocupados
• Monotributistas
• Monotributistas sociales
• Jubilados y pensionados
• Beneficiarios de AUH y otros programas sociales
• Clubes de barrio, de pueblo, bomberos voluntarios y entidades de bien público
• Más hijos de 16 a 18 años y, en algunos casos, otros miembros del grupo familiar

El gobierno dice que se trata de más de 10 millones de personas. Y están en lo cierto, una primera aproximación da bastante más que ese número. Se puede estimar entonces que entre un 20 y 25% de la población será alcanzada. Ambicioso.

Pero además del gran número de posibles beneficiarios, se presenta también la complejidad para los operadores de identificar adecuadamente si los solicitantes de las PBU cumplen con los requisitos. No obstante, no pueden negarse a instalar el servicio y darlo. Para sumar complejidad, hay diferencias en los precios de determinados servicios en función de cantidad de abonados que tenga su operador, así como las zonas geográficas. Ambicioso y de difícil ejecución.

Se ve entonces como ambas resoluciones actúan como una pinza que presiona la ecuación económica y financiera de los prestadores de servicios TIC. De allí la reacción negativa de prestadores de todo tamaño. Algunos lo hicieron públicamente, como Telecom, Telefónica, Claro, otros a través de agrupaciones, como CABASE, CICOMRA,  CACPY o UAPI. Pero también otros permanecieron en silencio, aunque expresaron su disconformidad en privado.

Por supuesto, y por más que desde el gobierno minimizan este desenlace, de avanzarse por este camino será imposible que la inversión no se resienta. Inicialmente, suspendiendo la expansión de redes y, seguidamente, las actualizaciones necesarias para acompañar los aumentos en los consumos (que, en el caso de los datos, lo hacen a un 35% anual aproximadamente). Si la situación desfavorable se mantiene en el tiempo, la falta de inversión comienza a impactar en la calidad del servicio existente. A diferencia de otras infraestructuras, el continuo crecimiento de la demanda por capacidad hará que los efectos negativos de la menor inversión llegarán más rápidamente. Un escenario no deseado justamente cuando más necesitamos desarrollar una infraestructura robusta y de amplio alcance, tanto geográfico como social. Y que además preocupa seriamente a las empresas proveedoras de ingeniería que despliegan y mantienen las redes, que verán su demanda mermar significativamente.

Para el gobierno (y los defensores de estas medidas), el argumento de que los prestadores “ganaron plata” en el pasado es suficiente para exigirles ahora una resignación por una doble vía: menos ingresos y productos a pérdida. Esto no sólo impactará negativamente en el estado general de las redes. También peligra la subsistencia de cientos de operadores PyME (más P que ME) que se verán forzados a recurrir a distintas estrategias para no perecer, sabiendo además que, en la hipótesis de venta, en este contexto sería difícil encontrar un comprador a un precio aceptable.

Luego del anuncio, el Enacom llamó a los distintos prestadores a “dialogar”. Esperemos que de estas reuniones surjan correcciones necesarias para que, en el afán de conectar a todos, no terminemos todos desconectados. Siempre se puede esperar un milagro de navidad.

(*) Enrique Carrier: Analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Además, es el editor de “Comentarios”, el newsletter semanal y blog de Carrier y Asociados