Aunque en los últimos tiempos mucho se ha hablado sobre 5G, particularmente de la subasta del espectro para esta tecnología, hay un tema más importante y urgente que es la disponibilidad ubicua (o casi) de una infraestructura fija de alta capacidad: fibra óptica. Se trata de una de las tres patas de la infraestructura de telecomunicaciones, siendo las otras dos la móvil y la satelital, como ya se planteó unas ediciones atrás [Ver: “Inflexión infraestructural”]. Un tema sobre el cual desde el gobierno se puso más el foco en los despliegues y actualización de la REFEFO y en los ANR, pero muy poco en la regulación para incentivar, facilitar y potenciar la inversión privada.

La fibra tiene la particularidad no sólo de ofrecer características de velocidad, capacidad y latencia superiores a las de las infraestructuras actualmente dominantes, lo que la convierte en LA tecnología del momento para redes cableadas. También tiene una tasa de falla sensiblemente más baja que las redes de cobre y un menor consumo energético, con lo que su costo operativo es menor. Y como frutilla del postre de las ventajas, tiene un horizonte de vida útil por ahora indefinido, con lo que su despliegue es una inversión de larga duración. Es por todo esto que la fibra comenzó sustituyendo las redes ADSL (ver gráfico), donde las diferencias de prestaciones son abismales. Pero aún en el caso de las redes HFC (las originarias de la TV por cable), si bien tienen todavía mucho para entregar, quienes las operan están volcándose a la fibra para los nuevos despliegues.



A pesar de sus evidentes ventajas, la fibra tiene en Argentina una penetración del orden del 27% sobre el total de accesos a Internet. Un valor que la ubica relegada respecto de otros países de la región, como Uruguay (87%), Brasil (70%), Chile (66%), y por debajo de Perú (37%) y Colombia (30%).



Más que bucear en las causas de este retraso, lo importante es analizar qué se puede hacer para revertir esta situación y desarrollar una infraestructura moderna, capaz y con perspectivas. Lógicamente, un primer paso sería contar con una macroeconomía más normal. Esta es una tarea que, aunque llevada adelante en forma adecuada, tomará su tiempo. Pero también hay otros caminos por recorrer. Uno es el de la eliminación, o al menos minimización, de las trabas a los despliegues, una situación que impacta negativamente a proveedores de todo tamaño. Para ello, es necesario unificar los criterios para los despliegues, afectados por el hecho de ser competencia de los gobiernos municipales. Los frenos a la instalación y/o utilización de postes y ductos es sin dudas una gran limitante. Por ello, es importante no sólo definir estos criterios sino también ofrecer incentivos para su adopción por los municipios. Los incentivos pueden ser más eficaces que las obligaciones que muchas veces no se cumplen (de facto o por recursos judiciales). Despejar barreras y obstáculos tendría de por sí un impacto muy favorable. Sólo hay que considerar los avances logrados por los distintos ISP a pesar de las múltiples dificultades actuales.

Otro factor importante sería el fomento de la compartición de infraestructuras. La compartición es mucho más razonable desde el punto de vista económico, lo cual es aún más relevante en períodos de restricciones macroeconómicas como inflación, recesión o acceso a divisas. Para ello es necesario generar incentivos a la compartición que eviten redundancias poco eficientes y maximicen las inversiones. Esto incluye también el apalancamiento de aquellas realizadas por terceros de otros sectores (como los servicios de distribución eléctrica) así como de los operadores estatales, tanto nacionales como provinciales. La compartición evita la superposición de inversiones al tiempo que permite compartir otros costos asociados a la operación, como el mantenimiento, reparación y actualización tecnológica. En definitiva, la compartición reduce las erogaciones individuales de cada operador y también contribuye a la eficiencia económica de la industria. Adicionalmente, permite una mayor competencia al reducir las barreras de entrada, lo que se traduce también en precios más competitivos.

En definitiva, regular no es priorizar el reparto de fondos o la entrega gratuita de equipamiento. Se trata de crear las condiciones adecuadas para que el sector pueda llevar adelante sus inversiones en la forma más eficiente posible y propiciar la competencia. El beneficio es para toda la sociedad.

(*) Enrique Carrier: Analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Además, es el editor de “Comentarios”, el newsletter semanal y blog de Carrier y Asociados