Artículo publicado en Comentarios.info.

A mediados de enero, los primeros funcionarios designados en materia de telecomunicaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad (hoy en un limbo organizacional) tuvieron una reunión con la industria, representada por cámaras, cooperativas y los grandes jugadores. En la misma, quedaron planteados cuáles son los temas que preocupan, aunque no necesariamente estén en la agenda política.

Lo que surgió como estado del espíritu de la industria es el desgaste de varios años en los que viene siendo golpeada. Aquí no sólo juega el DNU 690, cuyos efectos fueron suspendidos por las cautelares. Impacta también una macro complicada, con inflación, recesión y, más recientemente, devaluación. Todo esto tuvo su impacto en la rentabilidad, presionando a la baja el ARPU y, consecuentemente, afectando la capacidad de inversión. A esto, se le suma el aspecto fiscal, con las recientes subas de impuestos a la importación y de tasas de estadística. Se trata de puntos importantes pero que están fuera del alcance de las autoridades sectoriales. En definitiva son problemas que impactan a múltiples actores de la actividad económica y sobre los cuales las autoridades en telecomunicaciones no tienen mayor incidencia.

También se abordó el aspecto de la seguridad, donde el robo de cables de cobre y la consecuente rotura de la red (incluso cuando por ignorancia se corta fibra óptica) afecta las operaciones y exige inversiones no previstas. En este aspecto, se pidió coordinación con el Ministerio de Seguridad para analizar la cadena del delito, poniendo la lupa sobre los vendedores de cobre, un metal que actualmente Argentina no produce. Trazar su comercialización debería ayudar.

Otro tema que irá escalando en la agenda será sin dudas cómo eficientizar los despliegues, importante no sólo por el contexto económico sino también como tendencia en la industria. Esto involucra a otros niveles del Estado, ya que entran a jugar los municipios, desde los más grandes a los más chicos. Y también otras áreas del gobierno enfocadas en la infraestructura para coordinar y contemplar en cualquier nuevo despliegue. Asimismo, implica avanzar con regulaciones que incentiven la compartición de infraestructura. En este caso, es importante incentivar y no obligar. Las obligaciones no sólo son antipáticas, sino que también suelen terminar judicializadas. O sea, en la nada.

Más allá de los temas planteados, los participantes rescataron la predisposición para el diálogo que mostraron las nuevas autoridades. No obstante, esta buena sintonía inicial quedó en un paréntesis luego de los cambios en el organigrama del PEN, con la eliminación del Ministerio de Infraestructura y la absorción de sus secretarías por parte del Ministerio de Economía. A esto hay que sumarle la posibilidad de que la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad pase a depender de Jefatura de Gabinete, quedando junto con el Enacom bajo un mismo paraguas.

Lógicamente, el tema DNU 690 no podía faltar, aunque hoy su resolución está en manos de lo que sugiera la intervención del Enacom, que al momento de la reunión no se había dado.

Por ahora, lo que hubo es diálogo, sin que esto signifique acuerdos, pero es sin dudas un buen primer paso.

(*) Enrique Carrier: Analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Además, es el editor de “Comentarios”, el newsletter semanal y blog de Carrier y Asociados