Un grupo de docentes, investigadores y profesionales del sector, de la UBA, la UTN, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Quilmes y el CONICET, entre otras instituciones, presentó el documento “Hacia una ley de fomento de la Industria con Software”, con una propuesta para renovar el régimen de promoción de la actividad.

El texto parte de un reconocimiento: la Ley de Software de 2004 sentó las bases para que la Argentina desarrollara una industria de software y servicios informáticos con más de 5.000 empresas y más de 150.000 empleos formales. Sin embargo, sostiene que las sucesivas renovaciones, que derivaron en la actual Ley de Economía del Conocimiento, “introdujeron distorsiones que desvirtuaron su objetivo original”.

Por qué separar el software

Para los autores, unificar en un mismo régimen a sectores tan distintos es un error conceptual. “Es un error pretender unificar el sistema de incentivos y de requisitos de industrias muy disímiles en cantidad de empleados, en nivel de calificación, en tamaño de las empresas y en su rol geopolítico”, plantea el documento, que propone tratar al software de manera diferenciada.

Entre los aprendizajes de estas dos décadas, el texto señala que la ley nunca distinguió entre las empresas que necesitan un fomento inicial y las que ya son maduras. También cuestiona que se haya relajado la exigencia de vinculación con el sistema científico y que la soberanía tecnológica y la balanza de pagos nunca se hayan considerado criterios para otorgar los beneficios.

El efecto de priorizar la exportación

Uno de los argumentos centrales es económico. Según los autores, haber puesto la exportación como objetivo primario acopló el precio local del desarrollo de software al internacional. Eso dificulta que las pymes y el sector público contraten a las mismas empresas que el Estado subsidia, y muchas veces los lleva a contratar servicios del exterior.

La propuesta también incluye una jerarquización de los incentivos donde la dinamización de otros sectores exportadores mediante software tenga más peso que la exportación de software directo. “Es bueno exportar trabajo de programadoras y programadores argentinos, pero es mejor exportar software argentino. Y mejor aún exportar maquinaria argentina con software nacional”, resume el documento.

El impacto de la IA

El texto también analiza cómo la inteligencia artificial generativa transformará la industria en la próxima década. Prevé menos horas de trabajo por tarea, pero no el fin de los profesionales experimentados, que pasarán a roles de supervisión y validación. Advierte, en cambio, que no está claro cómo ganarán experiencia los perfiles junior y que la dependencia tecnológica crecerá con el costo de las plataformas de IA y de los entornos agénticos de desarrollo.

Al mismo tiempo, ve una oportunidad del lado de la demanda: la baja de costos podría habilitar proyectos hoy inviables para el Estado y las pymes.

Qué proponen

Entre las principales medidas, el documento plantea:

• Apoyar a las empresas en etapas iniciales y no a las maduras, por ejemplo, excluyendo a aquellas cuyo beneficio represente menos del 20% de su facturación.
• Exigir un porcentaje de facturación a clientes locales, con mayor peso si esos clientes exportan, y contemplar los servicios al sector público.
• Premiar el mayor valor agregado: más beneficios para quienes exporten productos, licencias o SaaS que para quienes exporten solo horas de servicio.
• Dar más incentivos a la I+D con participación de universidades y del CONICET, y dejar de contar la capacitación en esa categoría.
• Reforzar la prohibición de subsidiar el autodesarrollo de software para uso propio.
• Condicionar la continuidad del beneficio a crecer en facturación, productividad, I+D, exportaciones o empleo formal.
• Premiar a las empresas que reduzcan la dependencia tecnológica, por ejemplo, con infraestructura en el país o proveedores locales.
• Desalentar la radicación de la facturación en el exterior para eludir impuestos.
• Incentivar la contratación de jóvenes, como plus para las empresas incipientes y como requisito para las de mayor tamaño.
• Usar el fondo fiduciario del régimen (FONPEC) para financiar proyectos estratégicos de pymes y del Estado, con devolución en caso de éxito.

Quiénes firman

El documento lleva la firma de Alexis Tcach, Débora Fortini, Esteban Feuerstein, Estefanía Pinetta Biro Alemán, Fernando Schapachnik, Julián Dunayevich, Leandro Monk, Manuel Dubinsky, Martín Gaitán, Miguel Pagano, Nicolás Passerini, Pablo Factorovich, Ricardo Medel, Sebastián Scarano, Sebastián Uchitel, Pablo “Fidel” Martínez López y Daniel Palazzo.