¿Qué falta para la Firma Digital?

“La gran ventaja es la posibilidad de abandonar el papel y la firma manuscrita, con valor legal, y pasar al documento digital firmado digitalmente. Ir con certidumbre legal a un mundo totalmente electrónico. Esta es la posibilidad que brinda la ley 25.506”. Así comenzó la entrevista que Canal AR le realizo a Carlos Achiary, director de la Oficina Nacional de Tecnología de la Información (ONTI) para conocer qué novedades existen respecto a la implementación de la firma digital en Argentina.

- ¿Por qué se ha demorado tanto la reglamentación de la ley de firma digital?

- En cuanto a la tardanza en la reglamentación, yo creo que tiene que ver con el momento en que fue dictada: diciembre de 2001, una de las peores crisis del siglo para Argentina. Y en el último tiempo hemos hecho una revisión muy a fondo de toda la normativa de licenciamiento, para tratar de hacer un sistema que sea muy seguro y barato para la sociedad. Somos la autoridad de aplicación de la ley, y no es sólo para el Estado Nacional, es para toda la sociedad.

- ¿Cuáles son los beneficios y qué cambios se han generado a partir de la firma del decreto 724/06?

- La firma del decreto del presidente habilitó la posibilidad de no hacer obligatorio el seguro de responsabilidad civil, para que no se convierta en una barrera para las autoridades de certificación, y habilitó también, que las instituciones del Estado Nacional, si quieren, puedan ser autoridades de certificación licenciadas. Estamos planteando hacer un sistema con mucha libertad, tanto en la oferta como en la demanda de certificados y de soluciones. Y queremos asegurar la seguridad y que sea un sistema barato para la sociedad. El Estado no está pensando en un caja recaudadora en lo que tiene que ver con firma digital.

- ¿Cómo están trabajando para vencer los cuestionamientos sobre la la seguridad del sistema de firma digital?

- Lo que hay que hacer es que el proceso de licenciamiento sea transparente y claro, y que establezca condiciones de seguridad duras para quien quiera obtener una licencia. El otorgamiento va a ser para quienes cumplan. Por otro lado, la autoridad de certificación raíz, que es la cabeza que va sostener la infraestructura de la ley, desde el punto de vista de la cadena de confianza, va a estar alojada en una salita dentro de la sala cofre de AFIP, que es la más moderna de Latinoamérica. Va a ser la que les va a firmar digitalmente los certificados a quienes obtengan la licencia. A su vez, estos le van a firmar digitalmente los certificados a los usuarios finales, por ende van a ser tres niveles de validación y de confianza para que quien acepte una transacción electrónica verifique esos tres niveles de confianza.

- ¿Cuándo se va a convertir en algo masivo?

- Ir a lo digital es un proceso. Y tiene algunas cosas que tienden a avanzarlo y otras a frenarlo. La firma digital es una medida de seguridad fuerte, y por ende, es incómoda. Se justifica sólo en determinadas situaciones, de acuerdo a lo que esté en juego. Mi impresión es que no va a haber una masificación inmediata, pero que los buenos ejemplos que pueden ir dando las aplicaciones de firma digital, y en ese sentido el Estado va a trabajar mucho, van a tender a la larga a que la sociedad vea ventajas del hecho de usar la firma digital. Y cuando mucha gente comience a utilizar certificados, esperamos que genere ese efecto red, por el cual cuanto más hay, más se benefician todos.

- ¿Se están realizando pruebas pilotos en el ámbito de la administración pública?

- Nosotros estamos notando tanto a nivel nacional como provincial mucho movimiento, mucho pedido de asistencia técnica. Ya se están empezando a encarar las primeras aplicaciones pilotos. Nosotros sugerimos a los organismos que tomen una aplicación que no sea crítica para hacer la experiencia y después sí encarar las cosas que sean más delicadas.

- ¿Qué va a pasar teniendo en cuanta que hay elecciones presidenciales en el medio?

- Me parece que las cosas que se están haciendo en materia de Gobierno Electrónico y de Firma Digital no tiene un consenso partidario. A mi me da la impresión de que se ha generado un consenso general respecto a que hay que hacerlo y que es un beneficio para todos.

- ¿Con qué presupuesto cuentan para trabajar en este proyecto?

- Tenemos una estructura de 15 personas y tenemos ya comprados los servidores para la autoridad raíz, los equipos criptográficos, que los ha comprado AFIP y nosotros estamos comprando otro trío. Estamos hablando de una inversión amplia para la cual no hemos tenido restricciones en el pedido. Estamos en el orden de los 700.000 pesos en equipamiento que se han venido utilizando en todo este proceso, y hay unos 200.000 que van a salir. Pero lo bueno es que no tenemos restricciones presupuestarias.

-¿Qué falta?

- La aprobación de las normas de licenciamiento están sujetas a consideración del jefe de Gabinete, y eso es lo que falta.

Más información: www.sgp.gov.ar/contenidos/onti/onti.html.