Greenpeace denunció un boicot al tratamiento del proyecto de Ley de Basura Electrónica que lleva tres años de debate y demoras en el Senado de la Nación. La inicitiava responsabiliza legal y financieramente a las empresas de aparatos eléctricos por la gestión de los residuos de sus productos. Fue presentado en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en 2008 por Daniel Filmus, quien debió volver a proponerla en abril de este año.

En una reunión conjunta de comisiones, realizada el miércoles, para obtener dictamen del proyecto de ley, los legisladores Arturo Vera, María Eugenia Estensoro, Sonia Escudero y Roberto Basualdo, objetaron la firma del mismo al plantear una lista de observaciones y argumentar falta de tiempo en el debate. Por otra parte, la asamblea debió ser suspendida por no conseguir quórum.

“Desde hace tres años senadores, empresas, organismos de gobierno, ONGs, recicladores y técnicos venimos trabajando en el proyecto de ley que hoy debía obtener dictamen, sin embargo, la Comisión de Ambiente presentó nuevos cambios y objeciones”, explicó Eugenia Testa, directora política de Greenpeace Argentina.

En Argentina, se estima que cada habitante genera al menos 2,5 kilogramos de basura electrónica por año. Para 2011 se espera que se descarten más de un millón de computadoras y 10 millones de teléfonos celulares. Solo el 10 por ciento llega a ser recuperado o reciclado.

El texto plantea la responsabilidad extendida del productor, que debe hacerse cargo legal y financieramente de la gestión y tratamiento de este tipo de basura. Al mismo tiempo establece los lineamientos para la creación de una infraestructura nacional de transporte, acopio, recuperación y reciclado de estos residuos a través de la creación de un ente mixto público no estatal responsable del sistema.

Más información: www.greenpeace.org/argentina.