Todavía no hay acuerdo para el futuro de Internet

Por Sebastián Premici
Las posiciones se dividen entre una mayor regulación de los Estados y la pretensión de algunas corporaciones, como Google, de no perder derechos económicos

La cumbre mundial que está analizando el futuro de Internet en Dubai terminará el 14 de diciembre. A una semana de su comienzo, todavía no parece haber un documento consensuado al respecto. Hay dos cuestiones que están en juego. Por un lado la pretensión de algunos Estados de que haya una mayor regulación sobre la web. Y en segundo lugar, pero no menos relevante, la pretensión económica de algunos gigantes de la web, como Google, de seguir conservando sus derechos para utilizar los contenidos sin tener que pagar. Es decir, una puja económica que se esconde detrás del argumento de “una Internet libre”.

El Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales establece como principio la interconexión de redes nacionales o el derecho absoluto a la transmisión en el caso de las señales de ayuda. Por haber sido escrito en 1988, no hace referencias a Internet. De ahí el interés de muchos estados de modificar ese reglamento.

Si bien hoy se dice que la web es libre, existen organizaciones que hacen a su gobernanza. Está la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en la Internet (Icann), vinculada al departamento de Comercio de EE.UU. O la Internet Engineering Task Force (IETF), que se dedica a producir documentos técnicos que inciden en el modo en que se utiliza la red; también está la Internet Architecture Board (IAB); y el Foro para la gobernanza de internet (IGF), creado por la ONU. Es decir, detrás del actual manejo de la web ya existen intereses políticos y económicos.

“El borrador de ITRs permite vislumbrar cuestiones preocupantes. Uno de los puntos más conflictivos tiene que ver con la posibilidad de que los países tomen más control sobre la capa de contenidos de Internet. Con el argumento de la ciberseguridad, ciberdelitos, fraude y la lucha contra el correo no deseado (spam), habilita a los Estados a tener injerencia directa en los contenidos que circulan en la red, legitimando posibles estrategias de control basados en cuestiones de ciberseguridad”, sostuvo Beatriz Busaniche, representante de la Fundación Vía Libre, en una columna publicada en InfoTechnology.

Pero también hay una cuestión económica en el debate. Por ejemplo, los grandes operadores de telecomunicaciones de Europa apuntan a que se les pague por el tráfico que circulan por su red. Cuando las compañías de telecomunicaciones interconectan sus redes, los operadores se envían tráfico entre sí sin facturarlo.

“Los europeos quieren que cuando el tráfico que les llega es demasiado importante (como es el caso de los videos tipo YouTube) y los obliga a invertir para no rezagarse, se les pague a cambio. Ya existen acuerdos comerciales en ese sentido, por ejemplo entre Orange y Google, pero los operadores aspiran a que el tratado legitime esas prácticas. La sistematización de este tipo de acuerdos tendría un impacto negativo en los márgenes de colosos de Internet”, puede leerse en un artículo de la BBC.

En la primera semana de debate, la propuesta conjunta de la EU y Canadá, para que los gobiernos se abstengan de implementar una nueva regulación internacional de las telecomunicaciones fue rechazada por una amplia mayoría.

Si bien este rechazo podría interpretarse como que existe el suficiente peso como para pronunciarse a favor de un cambio radical en la actual legislación, generalmente en este tipo de encuentros internacionales, no suelen suceder grandes cosas. Si no existe un consenso desde el primer momento, el documento final es redactado a último momento eligiendo las fórmulas más generales posibles, planteando objetivos a futuro más que resoluciones a ser adoptadas en el corto-mediano plazo. Es decir que si hay posiciones muy encontradas, la UIT pateará la pelota hacia adelante. Aunque en tiempos de Internet, todo sucede de manera muy rápida y vertiginosa.


Más información: www.itu.int.