El proyecto de ley que lleva el número de expediente 18.980, propone convertir a la Asociación Provincial de Profesionales en Informática (APPEI) en el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la provincia de Santa Fe. Así la asociación se convertiría en la autoridad pertinente para emitir y revocar matrículas habilitantes para el “ejercicio de la informática”. Este proyecto ¿limitaría dicha actividad?

La pregunta surge a raíz de la noticia de que la fundación que sigue las líneas de la Free Software Foundation, Vía Libre, y la Asociación Nuevas Tecnologías, han enviado a miembros de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe un documento en el que destacan que, de convertirse en ley el proyecto anteriormente mencionado, se restringiría la libertad de las personas, porque se reservaría el derecho de confeccionar y distribuir programas de computadora sólo a quienes sean egresados de ciertas carreras especializadas.

Organizaciones académicas como la Universidad de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa (SADIO), la Association for Computer Machinery (ACM), el Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), tanto como organizaciones empresarias y de la sociedad civil de Argentina como la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), Cámara argentina de bases de datos y servicios en línea (CABASE), la Cámara Empresarial de Software y Servicios Informáticos (CESSI) y la Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones (USUARIA) han advertido esta situación resaltando los peligros de exigir matriculación para el ejercicio de la informática dentro del marco legal.

Este proyecto que sigue el modelo que ya está en práctica en diferentes provincias (Córdoba, La Rioja, Misiones, Buenos Aires y Entre Ríos), representa un peligro para el software libre en general. Los programas de software libre son adoptados, soportados y distribuidos por individuos y empresas de distinto porte que reconocen la importancia de mantener su independencia. Además, son desarrollados por una gran cantidad de individuos de todo el mundo que contribuyen a su desarrollo. Estas personas provienen de una amplia variedad de orígenes profesionales y técnicos. De sancionarse esta ley, muchos santafesiono se convertirían en “delicuentes” sólo por contribuir en el desarrollo de programas de computación sin ser profesionales con título.

Lo paradójico es que la misma provincia de Santa Fe, a través de la Ley 12.360, tal como lo hace la ordenanza municipal número 7787/2004 en la ciudad de Rosario, establece la importancia de la utilización del software libre a través de la obligatoriedad de la utilización del Software Libre en la administración pública, en sus instalaciones y procesos, por razones de soberanía, seguridad, desarrollo científico y economía.

La SADIO, en diciembre del año pasado, publicó en su newsletter un informe en el que, si bien reconoce el valor de las organizaciones profesionales como instrumentos para mejorar las disciplinas y condiciones de trabajo de sus afiliados, rechaza que el ejercicio de la actividad informática sea restringido a través de matriculación obligatoria. “La actividad informática como actividad:

es interdisciplinaria y transversal, y es ejercida con competencia por personas de muy distintas disciplinas

es muy cambiante y difícil de delimitar

es muy abarcativa, al punto que el conjunto de conocimientos comunes a personas competentes en distintas áreas de la disciplina suele ser muy reducido

será socialmente más valiosa en tanto y en cuanto se difunda como conocimiento general de la población, como lo es hoy la matemática, en vez de convertirse en privilegio de un sector de la sociedad

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Según el documento publicado por el organismo, la matriculación no contribuye a la seguridad de los sistemas críticos, ya que a pesar de que hay actualmente procesos controlados por software que afectan la vida, la salud y el patrimonio de los ciudadanos, la mayor parte del software que se usa en esos procesos proviene de lugares en los que la actividad no estuviera regulada. Además, “aunque provinieran de lugares en los que lo está, la matriculación no garantiza nada. El consenso existente en la comunidad informática internacional, a través de organizaciones profesionales como la ACM (Association of Computing Machinery, decana mundial en la disciplina), ha expresado públicamente que el actual cuerpo de conocimientos científicos y mejores prácticas de la materia, no alcanzan para determinar con algún grado de certeza si determinado abordaje de un proceso es correcto, erróneo o peligroso”.

“¿La informática argentina está en condiciones de renunciar voluntariamente a las contribuciones de los físicos, astrónomos, matemáticos, biólogos, ingenieros, psicólogos y otros talentosos que seguramente seguirán surgiendo fuera del campo específico de la informática?”, se pregunta la SADIO. El peligro es que con la creación de este Consejo el resultado obtenido sea la creación de una entidad corporativa destinada a proteger el privilegio de algunos para administrar una actividad que sostiene y apoya todo el quehacer de la sociedad.