Muchos dicen que la relación 10-10 que gobierna los negocios entre las administraciones gubernamentales y el sector privado TI, no permite apalancar el crecimiento de una industria sustentable. Según fuentes confiables, solo el 10% de la facturación del sector está destinada a cubrir la demanda de entes gubernamentales. Como también que la administración pública, solo destina algo así como el 10% de su presupuesto a contrataciones a la industria. Esto marca una muy baja utilización del potencial de compra del estado.
No es tarea sencilla opinar sobre este tema, pero adentrémonos en él y tal vez lleguemos a conclusiones interesantes.
A mis lectores habituales: durante los próximos tiempos, iré tomando este tema de la compras del estado, para ir desmenuzándolo en los distintos aspectos que creo que deben considerarse y superan el espacio de una sola columna. Por lo que les pediré paciencia hasta que la argumentación se encuentre completa para que me den sus puntos de vista en general sobre el asunto. Mientras los invito a opinar sobre el punto específico en cuestión de esta columna.
“El mejor subsidio que me pueden dar, es un buen contrato”, reza uno de los primeros slides que presenta el empresario Gustavo Segnini de Rafaela en sus conferencias. Y razón no le falta.
Las administraciones públicas en los últimos años, han desarrollado una serie de medidas destinadas a fomentar el desarrollo de la industria del Software y los Servicios Informáticos en Argentina (SSI). Desde el gobierno nacional muchas iniciativas plasmadas en leyes, planes, fondos, y promociones, fueron lanzadas y ejecutadas con mayor o menor suceso. Todas muy plausibles y necesarias. De la misma manera, muchas administraciones provinciales acompañaron las mismas o agregaron otras de orden regional. Y esto parece cruzar el arco político, ya que incumbe a todos los colores partidarios, lo cual abre un panorama por demás atractivo de cara al futuro, para el sostenimiento de las mismas.
Pero en el fondo, hay cierto claro oscuro en el mensaje. Porque por un lado se promueve saludablemente la actividad, pero por el otro lado son muy limitados los contratos u oportunidades que se presentan desde la propia capacidad del estado para generar proyectos tecnológicos utilizando las empresas existentes. Algo así como “los apoyo en crecimiento y promuevo programas de fomento, pero no tengo muchos planes para comprarles”.
El tema es por demás complejo y no admite respuestas facilistas. El estado no puede sino comprar lo mejor para dar atención a los ciudadanos, en condiciones y prestaciones acordes a sus exigencias y las leyes de compra del estado. También, es necesario contemplar la rotación de los funcionarios que acompañan la gestión política, lo cual lleva a que sea traumático el tiempo que tienen para mostrar resultados y compatibilizar esto con los tiempos necesarios para licitar, otorgar y ejecutar los proyectos. Y lo específico de algunos proyectos dedicados a la gestión pública, y por ende alejados de las realidades de otros sectores de la economía. Como estos, podríamos mencionar muchos otros puntos que deben ser tenidos en cuenta cuando nos referimos seriamente a este asunto.
De la misma manera, desde el punto de vista de la industria, podríamos mencionar temas tales como lo burocrático y engorroso que suele ser el proceso de venderle al estado, la dificultad que representa el cobro, y lo tortuoso del proceso de desarrollo o instalación, dado lo cambiante de los actores. Como también lo difícil que es competir cuando las universidades pueden ser contratadas de manera directa.
Estos y muchos más, son los temas que hacen conflictiva esta relación y que iremos abordando en algunas columnas de opinión en lo sucesivo. Lo cierto es, que de una manera u otra, un jugador tan relevante de la economía, que maneja una parte importante del PIB interno, no puede estar tan alejado de la industria en cuanto a su participación total. Ni Argentina se puede dar el lujo de despreciar esta enorme capacidad de compra para desarrollar una industria competitiva que de bienestar a sus habitantes.
Pero comencemos por respondernos la pregunta central: ¿es posible que las administraciones públicas adquieran productos y servicios localmente, que las torne más eficientes, y a la vez potencie la capacidad de estas para ser competitivas globalmente?
Y la respuesta no admite dudas: con toda seguridad. El problema es que siempre se enfoca desde puntos de vistas muy ligados a lo que el estado está haciendo actualmente y no lo que podría o debería hacer.
Como siempre, podríamos mostrar casos de éxitos de otros países donde están más avanzados en esto. Sin embargo hay en Argentina un excelente ejemplo que ilustra lo que puede hacer el estado por el desarrollo de una industria a través de su capacidad de compra. Y eso fue el proceso de privatizaciones.
Déjenme explicarlo. Durante la década de los 90’s todos sabemos la enorme transferencia de actividades y empresas al sector privado, con resultados diversos (que no es el caso analizar ahora). Segba, Entel, Subtes, puertos, agua y energía, aeropuertos, rutas, etc., etc., salieron de la órbita de la administración estatal y pasaron a manos privadas. ¿Qué hicieron quienes la tomaron a su cargo?. Entre otras cosas adquirir sistemas –y muchos- para su administración. ERPs, facturación, gestión de RRHH, tarifación, logística, distribución, y muchos otros, de diferentes procedencias y porte. Muchos de estos, fueron provistos por empresas locales o con desarrollo local. Y otros fueron adaptados, implementados o soportados por otras empresas actuando aquí. Bien podríamos decir que durante esa década una inmensa mayoría de la industria local de SSI (considerando nacionales e internacionales radicadas), estuvo dedicada a este proceso.
Como resultado del mismo, y aún que no era un objetivo buscado, se produjo una generación de productos muy competitivos a escala mundial, dado que habían sido realizados usando modernas técnicas disponibles, y los requerimientos de empresas de vanguardia, muchas de ellas internacionales. Y esto le dio a Argentina una plataforma de soluciones en muchos campos, que de alguna manera fue el origen del desarrollo exportador Argentino en materia de Software (cuando el proceso privatizador, comenzó a declinar y la economía a entrar en recesión, las empresas salieron a ofrecer estos productos a otros países, con bastante éxito). Y algo similar ocurrió con las empresas de servicios -tanto de desarrollo como consultoría-, que estaban imbuidas con las mejores prácticas mundiales, y que por lo tanto encontraron espacio para ofrecer lo mismo externamente de manera más sencilla. Por razones de madures de los mercados, los negocios comenzaron a proliferar ya comenzada esta década, y luego todos sabemos que la devaluación aportó algo mas a la competitividad para que se produzca el fenómeno del boom de la industria que hoy podemos ver.
En definitiva, aquel poder del estado transferido a la administración privada, fue tremendamente positivo para desarrollar, testear y productivizar muchas soluciones en nuestro país, que aún hoy generan ingresos genuinos.
En comparación, durante la presente década muchos menos desarrollos de productos fueron realizados, o muy pocos cambiaron integralmente su plataforma para adecuarla a las nueva arquitecturas. Y esto básicamente obedece a la disminución de la demanda, especialmente local.
Muchos podrán decir que es cierto lo anterior pero que estas empresas privatizadas no requerían el mismo nivel de control en el proceso licitatorio que cuando estaban en el estado. Y esto es solo parcialmente cierto. Porque por un lado, muchas de ellas están sujetas legislaciones que la equiparan a las anteriores, y por el otro porque no es tan discrecional el proceso de aprobación en empresas de gran porte internacional. Concluyendo, la aparición de una demanda exigente por parte de empresas y entes de servicios públicos (privatizados), impulsó una mejora significativa en la oferta local y le dio un campo de prueba y desarrollo como no había tenido antes.
Y esto me lleva al punto central de esta primer entrada sobre el tema compras del estado. Muchas veces en la discusión se analizan los temas desde la óptica de compra de desarrollos específicos que el estado requiere y no de nichos de oportunidades que podrían existir. Esto es, que debería resultar muy atractivo para ambas partes desarrollar plataformas conjuntas de productos que necesitan de un campo de prueba muy desarrollado y/o una escala diferente a lo que puede obtenerse en el resto de la economía. Porque al fin y al cabo, no siempre es posible encontrar empresas que tengan miles o decenas de miles de usuarios para sus sistemas internos, lo cual es altamente probable en el estado. Y por otro lado, la búsqueda de áreas o nichos específicos donde aún el estado no hay incursionado en la informatización y que bien podría presentarse para desarrollos en conjunto con potencialidad de ser competitivos a escala mundial.
Defensa, salud, tributación, seguridad, son solo algunas de estas áreas donde podrían incursionarse en proyectos conjuntos que traigan aparejados beneficios para la sociedad y potencialidades para las empresas involucradas.
Pero prometo volver sobre alguno de estos puntos y seguir desarrollando ideas sobre la conflictiva relación 10-10 existente entre el sector público y la industria.
Publicado por Carlos Pallotti el Jueves 18 de Marzo de 2010
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