La industria informática está preocupada por su vinculación con la ciencia y es por eso que ha impulsado medidas que intenten producir el cambio que muchos esperamos, agregando mayor nivel de investigación a los productos y servicios.
Hoy existe el FONSOFT, un fondo estipulado por la ley 25.922 de fomento a la industria del software, que facilita el financiamiento para que empresas desarrollen productos que puedan incorporar un mayor desarrollo científico (entre otras cosas).
De la misma manera, y a otra escala, se acaba de poner en marcha la Fundación Sadosky -largamente esperada-, que Dios mediante permitirá que se puedan llevar adelante proyectos avanzados de cooperación entre el mundo productivo y el científico.
Pero hay otro frente en la administración pública informatizada, sobre el cual ya hemos escrito en esta columna (Rol de las compras del estado), y que tambien necesitaría un fuerte impulso para unir dos mundos que claramente están muy distantes.
No voy a repetir un diagnóstico, que puede seguirse en esa entrada, y que resumidamente es: muy baja la incidencia del estado como comprador de soluciones producidas localmente. Y porque además, ha sido repetido hasta el cansancio, sin que eso genere necesariamente resultados.
Me propongo dar alguna propuesta diferente para encaminar el tema.
Veamos. Argentina es un país que necesita aun de una inversión fuerte en tecnologías de la información en varios frentes, y sin dudas la administración pública es uno de los principales. Las administraciones nacionales, provinciales, municipales, entes descentralizados, etc.etc., están tratando de recuperar algunos años de desinversión y algunas malas prácticas del pasado. Algunos lo hacen bien y otros no tanto, pero lo cierto es que hay una conciencia de los funcionarios de la necesidad de profundizar esto y de la ciudadanía en reclamar mas y mejores servicios online.
Por otro lado, Argentina viene generando una saludable y creciente industria de desarrollo de software, provisión de servicios informáticos y generación de contenidos. No solo vemos a diario noticias sobre los logros de algunas de las empresas, sino que todos los indicadores muestran la fortaleza, solidez y posibilidades de la misma. Incluso hay instrumentos públicos de fomento y promoción. Igual que lo anterior, algunas empresas hacen cosas buenas, y otras no tanto, pero lo cierto es que hay una conciencia de la importancia de tener una industria de este tipo en nuestro país, por el empleo de calidad que genera y las divisas que produce.
Si hay una conciencia generalizada que a nuestro país, le conviene impulsar ambos temas, sin dudas hay que acercar ambos mundos y tratar que al menos una parte de las aplicaciones o servicios que hoy esta requiriendo la administración pública pueda salir de nuestras propias fábricas de software. Al fin, si somos buenos para exportar a mercados sofisticados, ¿por qué no lo seríamos para los entes públicos?
Uno de los inconvenientes frecuentes que se presenta, es el mecanismo de compras del estado, que obliga que por transparencia y objetividad, se deban hacer una serie de pasos y cumplir requisitos, muchos de los cuales tornan inviable el negocio para empresas locales. O con tal nivel de complejidad para la contratación, que el funcionario muchas veces urgido por la premura, recurre al mecanismo de adquisición de servicios a través de universidades o el autodesarrollo.
Mi propuesta concreta es...hacer algo similar a lo que ya funciona y tomar los ejemplos felices para usarlo en aquellos lugares donde puedan adaptarse.
Y para eso creo que podrían usarse dos instrumentos básicos: un fondo especial TIC para la compra pública; y un Instituto de TICs para el Estado. El primero remediando lo que hoy hace el Fonsoft en Ciencia y Tecnología, y el segundo lo que pretende hacer la Fundación Sadosky.
Déjenme explicarlo.
El fondo oficiaría como de facilitador de proyectos aplicables a la administración pública. Cada dependencia seguiría teniendo un presupuesto propio para la informatización de acuerdo a la ley de presupuesto, pero se generaría un ente administrador de un fondo especial para que puedan presentarse proyectos específicos, donde la característica principal deberá ser que sean ejecutados en conjunto por entes públicos y empresas privadas. Imaginemos que ese fondo dispone de 100 millones anuales para proyectos que individualmente no superen los 5 millones. Si un ente público (nacional, provincial, municipal, descentralizado o lo que sea), necesita desarrollar un nuevo sistema con pretensiones de mejorar los servicios que hoy brinda, podría presentarse para que este fondo le facilite hasta el 50% del valor del mismo (contra reembolso), a cambio que un ente privado (o varios) desarrollen buena parte del mismo. El 50% restante podría ser financiado por el propio ente o un acuerdo con la/s empresa/s por la explotación futura del software en administraciones públicas o privadas de otros países. De esta manera podría acceder a desarrollar un sistema de 10 millones, por la mitad o menos aún de ese importe.
Al igual que el Fonsoft se haría la evaluación del proyecto, se vería su pertinencia, la calidad del mismo y su factibilidad, y se analizaría si los valores previstos, están de acuerdo al mercado. En caso necesario hasta podría declararse abierto un concurso de precios para mejorar la oferta. Con esto cumplido, se priorizaría de acuerdo a parámetros objetivos y se otorgaría el financiamiento, reintegrando los fondos una vez producida cada una de las erogaciones y chequeada la contra parte. Y con una auditoria del proceso.
De esta manera, los entes públicos podrían disponer de un instrumento muy atractivo para ir a buscar un financiamiento adicional, impulsando indirectamente una mejora en el acceso a las nuevas tecnologías. Y las empresas con producción local, podrían verse beneficiadas ya no solo por la actividad que esto les brinde, sino por la experiencia que le dará participar en el desarrollo de este tipo de aplicaciones, que luego la pueden aplicar a otros negocios.
Estoy seguro que este fondo incluso, podría obtenerse de manera relativamente fácil, en entidades de crédito internacionales como el BID o el Banco Mundial, que tienen líneas específicas para estos destinos..
La segunda idea es ir un poquito mas allá, e intentar en una segunda etapa, crear un instituto mixto (privado-estatal) que este destinado a buscar, fomentar y desarrollar proyectos complejos de articulación, donde el objetivo sea concretamente aplicable al estado y que entrañe un gran esfuerzo productivo. Tal como pretende ser la Fundación Sadosky con la ciencia. Tal vez sea el lugar para implementar lo que Gabriel Suarez dio en llamar "la propiedad intelectual pública", concepto que me gustó y que le pediré que amplíe en su columna.
Si funcionan hoy estos entes y cumplen con sus objetivos (o al menos intentan hacerlo), ¿por qué no resultaría con la administración pública?
Yo me animo a pensar que métodos disruptivos como estos, podrán quebrar la natural parsimonia de que nada se puede hacer y que todo se resolverá con mas debate.
Y puede que realmente generen un salto sustantivo en el nivel de informatización de las administraciones públicas, a la vez que ayuden a la consolidación de una industria que promete.
Publicado por Carlos Pallotti el Martes 29 de Marzo de 2011
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