A cinco años de la aprobación de la Ley del Software

En la noche del aquel 18 de Agosto del 2004, se escuchó en el recinto del senado de la nación: “…Se registran 49 votos afirmativos, un voto negativo. La votación resulta afirmativa. Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley…”. Era la voz del por aquel entonces Vicepresidente de la Nación Daniel Scioli. Cinco años más tarde, cumplida la mitad del plazo estipulado por la ley, es hora de hacer un repaso de lo que significó aquella aprobación.

La que luego sería la ley 25.922, tuvo básicamente dos vertientes: un proyecto para otorgar incentivos al desarrollo de software en Argentina, impulsada por el entonces diputado Alberto Briozzo y otros legisladores, con el decidido apoyo del Ministerio de Economía en manos de Roberto Lavagna; y otro de fomento a la incorporación de ciencia y tecnología a los procesos productivos, impulsado por la diputada Lilita Puig de Stubrin. Ambos proyectos se funcionaron durante el debate en la Cámara de Diputados y dieron paso al texto que luego sería aprobado por ambas cámaras. Dicha ley fue auspiciada por el Poder Ejecutivo Nacional por aquel entonces, lo que viabilizó que sea tratado con prioridad en el parlamento.

En el camino quedó, como una especie de subproducto del debate, la ley 25.856 sancionada un año antes, que equiparó la producción de software a otras actividades productivas de la industria.

“Quiero adherir fervorosamente al proyecto de régimen de promoción a la industria del software. Creo que una de las claves del desarrollo económico argentino consiste en la creación de nuevas ventajas competitivas”, dijo el Senador Terragno. “Hay que resaltar la importancia de este proyecto, pues no sólo está pensado para la atención de la demanda interna, sino que también será un elemento que servirá para la generación de un sistema de desarrollo industrial que hará pensar en la Argentina como un proveedor internacional.”, dijo el actual gobernador de Mendoza Celso Jaque. “…quiero destacar la importancia histórica de dictar esta ley…esta es la primera o una de las primeras ocasiones en que volvemos a instituir políticas activas industriales como una herramienta de la política económica..”, dijo el Senador Cafiero. "El costo fiscal para el 2004 está estimado en doce millones de pesos, cifra que por su poca envergadura merece ser asumida, ya que implicará un desafío que, en virtud de su importancia, no resultará en un perjuicio para las arcas del Estado nacional. Además, creo que la incorporación del Fonsoft, un fondo fiduciario especial, es algo de especial relevancia.”, mencionó la Senadora Alicia Mastandrea, quien impulsó la norma desde la oposición.

En el debate participaron 5 senadores que actualmente son gobernadores en sus provincias. Y otros 4 estuvieron en el debate en diputados, pocos meses antes. Todos con mensajes recomendando su sanción.

Lo cierto es que más de los dos tercios de los senadores, votaron afirmativamente el proyecto. Un par de semanas más tarde fue sancionado por el poder ejecutivo, y en pocos meses se aprobó el decreto reglamentario dando forma definitiva a la norma que hoy tenemos.

Aún espero que algún economista especializado, pueda hacer un estudio profundo sobre los resultados que ha producido esta norma. Y que la Secretaría de Industria de la Nación publique la información de los beneficios efectivamente otorgados, tal como establece la propia ley en su artículo 24. Sin embargo, es posible con los datos que disponemos, hacer un balance de sus (primeros) resultados.

Sin dudas la ley marcó un antes y un después en el desarrollo productivo de la industria informática en la Argentina. Hemos ya mencionado en esta columna el importante caudal de inversiones que se recibió desde aquel entonces de manera que fue influido de manera directa o indirecta por esta ley (ver “Mas de 2.000 millones de dólares…”). También hemos visto de manera reiterada el enorme crecimiento que se ha producido, por el efecto combinado de empresas nacionales que encontraron un incentivo real para desarrollar nuevos productos y servicios, junto con aquellas inversiones.

Si bien no fue la existencia de esta ley la única causa del crecimiento, su influencia ha sido decisiva en la mayoría de las inversiones realizadas. Por lo tanto, bien se puede decirse que solo contando los ingresos provenientes por la incorporación de nuevos empleados a la actividad, unos 9 mil millones de pesos fueron agregados a la economía Argentina, de los cuales cerca de 2.700 fueron al estado en materia de impuestos directos. Si incorporamos el impacto fiscal indirecto (por ejemplo el IVA o los ingresos brutos que pagamos las personas físicas en el consumo de muchos bienes, y que los nuevos empleados tributaron con parte de sus salarios) este importe se acerca a los 4.300 millones. De una u otra manera, es más que relevante la cantidad, aun considerando que el estado dejó de percibir algunas cargas patronales y parte del impuesto a las ganancias. Según los datos de los presupuestos nacionales de los últimos años, no habría superado en total, los 500 millones de pesos acumulando todos los años. En suma, y aún que hagamos cuentas simples con los pocos datos disponibles, podríamos afirmar sin temor equivocarnos que esta norma le permitió al estado al menos triplicar la recaudación fiscal neta (descontando los beneficios). De esa manera se cumplieron (al menos hasta el presente) los dos postulados básicos que justifican una norma de políticas activas como esta: impulsó un sector clave de la economía, y paralelamente aumentó la recaudación fiscal. Seguramente algún economista podrá verificar si esta es la norma de políticas industriales más exitosa de las últimas décadas en nuestro país. Yo particularmente así lo creo, pero no soy un experto en la materia.

Por otra parte el beneficio que ha significado la posibilidad de financiar nuevos desarrollos de productos informáticos, y el impulso a emprendedores, solo por mencionar dos de las acciones más destacadas del Fonsoft, que es sin dudas otro de los grandes aciertos producto de esta ley, y que si bien no puede ser medido por su intangibilidad, el futuro descansa en gran medida en esto. 

Estamos en la mitad del período de vigencia de los incentivos que marca la ley. Si bien su mayor impacto estuvo concentrado en los primeros años de vigencia, todo hace presumir que continuará impulsando esta actividad, que aún en períodos de crisis como el presente, muestra signos palpables de vitalidad. Sin embargo, en nuestro país estamos demasiado acostumbrados a vivir de nuestros logros pasados, sin considerar que el mundo, los mercados y las condiciones cambian, lo que obliga a un ejercicio permanente de adecuación de los instrumentos. Por otro lado, la ley presenta algunos inconvenientes, básicamente en su aplicación a los exportadores y la accesibilidad a empresas pymes. Creo que debería revisarse su texto y/o implementación para adecuarlo a estos requerimientos. Algo como así como tener un plan dinámico que permita mantener el rumbo pero corregir las desviaciones e imperfecciones durante el trayecto. La forma de los beneficios y su instrumentación, fue pensada para una Argentina del 2004, con una industria tres veces más pequeña. Hoy nuevos desafíos están presentes y por lo tanto reeditar parte del debate que le dio forma, siempre y cuando este sea conducente con el plan trazado, sin dudas generará más beneficios para nuestro país.

En estos días el parlamento se encuentra debatiendo una controvertida norma que aplica impuestos al consumo de bienes informáticos, para impulsar supuestamente el desarrollo productivo de hardware en un área específica de nuestro país. Un proyecto que la gran mayoría del sector productivo considera como no conveniente. Sin ánimo de entrar analizar en profundidad la misma (algo sobre lo que los lectores saben que tengo posición tomada), me permitiría sugerir a los señores legisladores revisar la ley 25.922, su debate previo y los resultados obtenidos. Posiblemente podrán ver que otros legisladores encontraron un instrumento mucho más efectivo y cuyos resultados hace que hoy, cinco años después, podamos afirmar que ha producido beneficios aún mucho mayores de los originariamente pensados.

Aquella tarde del 18 de Agosto del 2004, el Senador Jorge Capitanich -quien presentó el proyecto de ley al recinto- dijo: “En consecuencia, a través del proyecto de ley en consideración pretendemos establecer ciertas ventajas para la radicación de inversiones, con el objeto de competir en igualdad de condiciones con nuestros países vecinos, máxime teniendo en cuenta que la generación de mano de obra se forma con una inversión mínima en materia de capital. O sea, solamente con una oficina, un escritorio y una máquina se puede, con creatividad, producir software aplicativo para destinar a productos de consumo interno o exportación”.

Pues bien, todo eso, visto hoy cinco años más tarde, podemos afirmar que se logró con creces.

Publicado por Carlos Pallotti el Martes 18 de Agosto de 2009
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